El Gobierno de Chile expulsó este jueves a 120 migrantes venezolanos y colombianos en un vuelo chárter, la mayor operación de deportación realizada este año en el marco de una estrategia para desalentar la migración irregular por la que se pretende echar del país a 1.500 personas en 2021.
«Hay intentos de organizaciones de detener estas expulsiones, pero el Estado de Chile y el Ministerio del Interior cumplen con la ley y los extranjeros que cometan delitos o entren clandestinamente serán expulsados», señaló Álvaro Bellolio, director del Servicio Nacional de Migraciones.
Según información oficial, la mayor parte eran venezolanos (más de 70) y fueron deportados a su país de origen por no haber entrado al país de forma regular o por haber cometido crímenes que van desde el tráfico de migrantes al homicidio, pasando por el robo con intimidación.
Más de 800 personas han sido deportadas en siete vuelos distintos este año debido a una nueva ley de migración más estricta que el conservador Sebastián Piñera promulgó en abril bajo el lema de «ordenar la casa» y que obliga a los extranjeros a obtener visas en sus países de origen.
Las expulsiones han recibido duras críticas de diversas organizaciones promigrantes y de derechos humanos como Human Rights Watch (HRW) y de organizaciones como las Naciones Unidas, que alertaron de graves violaciones a los derechos fundamentales de los extranjeros.
Desde HRW denunciaron expulsiones sumarias los fines de semana (cuando las cortes de apelación están cerradas), impedimento para acceder a llamadas telefónicas o abogados, y separación de familias, entre otros.
La Corte Suprema anuló varias órdenes de deportación en los últimos meses por considerar que fueron producto de un «procedimiento contencioso administrativo insuficiente», pero en casi todos los casos esta anulación fue posterior a la deportación.
Desde el oficialismo señalan que en los últimos meses han afinado y concretado con dicha corte los criterios y protocolos de expulsión y aseguran que solo aplican la nueva la nueva ley de migración.
Esta regulación, que está dando sus primeros pasos, es para el Gobierno una vía para «ordenar» la situación de los extranjeros, que pese a la pandemia y la crisis social que estalló en 2019 siguen viendo en Chile uno de los países más atractivos para migrar dentro de América Latina por su estabilidad política y económica.
Los expertos, en tanto, señalan que el endurecimiento de fronteras desemboca en un aumento de personas que cruzan por pasos no habilitados, como se ha demostrado en los últimos meses en la zona norte del país, que ha vivido una fuerte crisis por la entrada de miles de personas indocumentadas.
Varias localidades fronterizas estuvieron en septiembre y octubre al borde del colapso y se produjeron varias marchas y disturbios contra la migración.
Se estima que en Chile residen cerca de 1,4 millones de migrantes -equivalente al 7 % de la población- siendo la comunidad venezolana la más numerosa, alrededor de 450.000 personas, seguida por la peruana y la haitiana.
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