El gobierno y la oposición de Venezuela regresan este viernes a México para retomar el proceso de negociaciones, en una jornada que estará marcada por la decisión opositora de romper tres años de boicot electoral y participar en los comicios regionales de noviembre.
Delegados de Nicolás Maduro y del líder opositor Juan Guaidó, a quien medio centenar de países reconoce como presidente encargado, conversarán desde el viernes hasta el lunes en base a un memorando de entendimiento firmado el 13 de agosto, que busca, entre otros objetivos, establecer un cronograma electoral con garantías y el levantamiento progresivo de sanciones.
«Al salir de aquí tengo reunión con la comisión en pleno, los nueve delegados y delegadas, presidida por Jorge Rodríguez, nos vamos a reunir… para aprobar el documento, el petitorio que llevamos a la mesa de diálogo, exigencias económicas para Venezuela», dijo Maduro en una alocución transmitida por televisión.
«El primer punto de nuestra agenda es el electoral», señaló por su parte una fuente opositora cercana al proceso de negociación.
Los principales partidos opositores anunciaron esta semana su participación en las elecciones de alcaldes y gobernadores del 21 de noviembre, una decisión tomada sin que Guaidó haya aún expresado lo que hará por su parte.
La oposición se marginó de las presidenciales de 2018, cuando Maduro fue reelegido en unos comicios tachados de fraudulentos y que dieron pie al reconocimiento de Guaidó como presidente encargado, aunque en la práctica Maduro ejerce el control institucional y territorial del país.
Guaidó insiste en que no hay condiciones para unas elecciones, pero hasta ahora no ha llamado a la abstención como hizo por última vez en 2020, cuando perdió el Parlamento, que volvió a manos del chavismo.
«Observación internacional imparcial»
El chavismo considera que participar en elecciones equivale a reconocer las instituciones venezolanas, buscando desmontar el discurso que sostiene a Guaidó. Maduro dijo incluso que al suscribir el memorando en México, el opositor hace un «reconocimiento de las autoridades legítimas de Venezuela».
La oposición, que busca concurrir unida, reclama condiciones y garantías, y en en el marco de esa lucha la reunión en México será fundamental, estimó el analista político Oswaldo Ramírez, de la firma ORC Consultores.
«Esta ronda puede enfocarse en quizás la condición más importante para muchos actores: que se logre una observación internacional imparcial, que para algunos es una condición básica para tener la garantía que se respetará el resultado de la elección», explicó a la AFP.
Ya se dio un paso adelante con el nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE), que tiene presencia opositora, y se designó un proceso de negociación interno previo a México, según expertos y algunos actores políticos.
«No puedes apostar al boicot a priori», indicó Ramírez, sin descartar un escenario en el que «si no se alcanzan unas condiciones de observación internacional» la oposición pueda retirarse. «Eso está como una eventual jugada táctica».
Sanciones petroleras
La mesa en México sigue a los fallidos intentos de Barbados, en 2019, y República Dominicana, en 2018.
El Grupo de Contacto Internacional, liderado por la Unión Europea con países latinoamericanos con el fin de hallar una salida negociada en Venezuela, celebró el comienzo de «este proceso de diálogo inclusivo» y exhortó «a ambas partes a participar de forma constructiva y de buena fe en la mesa de negociación».
El memorando firmado en agosto menciona la «necesidad de que sean levantadas las sanciones» y en eso están concentrados todos los esfuerzos del chavismo, incluido ceder en lo electoral.
Para Ramírez, «la estrategia de Estados Unidos» con las sanciones «terminó funcionando parcialmente». «Al final del día está llevando a Maduro a un proceso de negociación», que tendrá su «primer test de fuerza» en noviembre con las elecciones.
Sin embargo, Ramírez no cree que este proceso ponga en riesgo la estabilidad política de Maduro.
El fin último de la oposición es un cronograma que incluya comicios presidenciales, por lo que no se descarta una petición para realizarlas antes de 2024, cuando corresponden por ley. El chavismo, no obstante, ha desestimado en ocasiones anteriores dicho escenario.