El Boletín de agosto de 2021 de la Comisión para los Derechos Humanos del estado Zulia (Codhez) reporta la situación y condiciones de vida de las personas pertenecientes a los pueblos y comunidades indígenas de la región.
El estado Zulia concentra la mayor población indígena de Venezuela, entre las etnias wayuu y añú, que se ubican en el territorio de la Guajira (norte del estado Zulia, en la frontera con Colombia); así como también las etnias barí, japreria y yukpa, que habitan en la Sierra de Perijá (occidente del estado Zulia, frontera con Colombia).
En el estudio se reporta que las comunidades indígenas continúan padeciendo el abandono institucional ante sus múltiples necesidades, que se han exacerbado con las consecuencias de la pandemia por COVID-19, y con el agravante que en los últimos años la desatención ha llegado a tal extremo que no se garantizan las condiciones mínimas de subsistencia.
Según el Inso Encovi 2020, el 71% de los hogares del municipio Guajira viven por debajo de la línea de la pobreza extrema, el 66% de los jóvenes entre 15 y 24 años no estudian ni tienen empleo, el 100% de los hogares presenta inseguridad alimentaria, el 94,3% se encuentra en inseguridad alimentaria moderada o severa, y solo el 5,4% pudo pagar por atención médica.
La Guajira sin acceso a servicios básicos
El boletín de Codhez, reporta que para 2021, las deficiencias de servicio eléctrico persisten con particular gravedad en la Guajira. A lo largo de estos siete meses se pudo constatar la ineficiente prestación de este servicio público, hasta el extremo que hubo sectores que llevaban más de un año sin electricidad.
Tal es el caso de los habitantes de la comunidad de Marichen I en el municipio Guajira, quienes denunciaron que los dos transformadores que les suministraban energía eléctrica se habían dañado en enero de 2020. Hasta el mes de febrero de 2021, afirmaban que habían realizado múltiples solicitudes tanto a la gobernación del estado como a la alcaldía del municipio, sin obtener respuesta, situación que perjudicaba a más de 120 familias que se dedicaban a la pesca y necesitaban refrigeradores para conservar los alimentos. Esta situación es tan agobiante que el Comité de Derechos Humanos de la Guajira denunciaba un déficit de 90 transformadores en ese municipio.
A inicios de marzo, 100 comunidades del municipio Guajira permanecieron 65 horas sin fluido eléctrico, implicando un desgaste físico y emocional para sus habitantes, además de pérdidas económicas en el escaso sector comercial de la región.
La falta de servicio de agua potable continúa siendo uno de los mayores problemas en la región Guajira. Una de las más resaltantes estuvo relacionada con el alto precio de la pipa de agua vendida por los camiones cisternas. La pipa, que solo alcanza para unos dos días, estuvo valorada en enero de 2021 en Bs. 2.000.000,00 (COP 12.000,00 y USD 1,29 en ese momento), pero hay sectores donde ni siquiera pasan estos camiones, como es el caso de la comunidad Fundo El Carmen.
Grupos de personas deben hacer recorridos de hasta 10 kilométros hasta fuentes de agua conocidas como “jagüeyes”, una especie de pozo artesanal común en estos poblados. Estos recorridos se realizan diariamente y varias veces el mismo día, lo que implica una carga de pesados tobos y envases en carretillas, burros o sobre sus cabezas. En el caso de los jagüeyes, sus aguas son de color verde y tienen mal olor, pero así es utilizada por los habitantes de la región.
A su vez, el boletín de Codhez destaca la situación del derecho a la educación en la región Guajira, en especial, luego de la declaratoria de la cuarentena social y colectiva y la sustitución de las clases presenciales por clases a distancia mediante el uso de las nuevas tecnologías. A este respecto, conforme al Inso Encovi 2020, solo el 2,7% de los hogares en la Guajira poseen computadoras, mientras que 1,1% tiene acceso a internet.
Inseguridad alimentaria
La indisponibilidad e inaccesibilidad de los alimentos entre las familias de la región Guajira es una de las problemáticas más impactantes de esta zona destaca Codhez en su estudio mensual.
A más de un año desde del inicio de la cuarentena social y colectiva, en medio de la pandemia y el desorden institucional al fijar semanas radicales y semanas flexibles de acuerdo al arbitrio del gobierno, las familias del municipio Guajira viven en constante preocupación por no contar con alimentos suficientes. Esta situación de incertidumbre afecta a más del 80% de la población del municipio quienes vive del trabajo diario.
Muchas familias indígenas se ven obligadas a pagar multas para circular por los pasos hacia Colombia para buscar comida. A este respecto, el Comité de Derechos Humanos de la Guajira manifiesta que el gobierno nacional no garantiza la frecuencia de la entrega de programas de alimentación en medio del contexto por la pandemia.
Salud en riesgo en Perijá
La garantía del derecho a la salud del pueblo Yukpa es una de las grandes deudas que mantiene el Estado venezolano desde hace años. La indolencia gubernamental ante la ausencia de los servicios sanitarios y médicos transciende en el tiempo, no existen condiciones de calidad en la infraestructura hospitalaria, ni insumos, ni medicamentos para atacar enfermedades que incluso se estimaban
erradicadas de la región, como es el caso de la tuberculosis, y mucho menos para atender el impacto de la pandemia en estas comunidades.
La escasez de gasolina continúa causando estragos en todo el estado, especialmente en zonas rurales como la Sierra de Perijá, hábitat principal del pueblo yukpa. Consecuencia de esta grave escasez es la indisponibilidad de transporte para el traslado de los pocos alimentos cosechados, o peor aún, para atender emergencias de salud.
La mayoría de las comunidades yukpa se alimentan de lo que siembran, como plátanos y yuca, pero igual presentan cuadros de desnutrición, debido al casi nulo consumo de proteínas.
Garantía de derechos sin discriminación ni restricciones
Para Codhez, la intermitencia del servicio eléctrico, la falta de agua potable, el hambre, la malnutrición, las enfermedades, la falta de instrucción educativa, la inseguridad ciudadana, la inseguridad jurídica, entre otros factores, agrupan una realidad multidimensional de pobreza y precarización en la que viven los pueblos y comunidades indígenas asentados en el Zulia.
Los pueblos y comunidades indígenas históricamente han sido sometidos a desventajas estructurales socioeconómicas que han impedido su desarrollo en condiciones de dignidad. Las personas pertenecientes a los pueblos y comunidades indígenas tienen derecho al disfrute pleno de todos los derechos humanos y libertades reconocidos por instrumentos nacionales e internacionales, entre ellos, el de recibir una atención prioritaria por parte de los órganos gubernamentales competentes, quienes deben abocarse a garantizar las condiciones suficientes para la estabilidad individual y social de cada una de las personas integrantes de estas etnias.
En el contexto de la pandemia, Codhez advierte que “ha habido un acelerado retroceso en derechos económicos, sociales y culturales de las comunidades indígenas, todo lo cual de manera inevitable deriva en daños irreparables en el ser y existir de estos pueblos ancestrales, bajo la inacción e indolencia gubernamental”.
La organización de derechos humanos exhorta al Estado venezolano asumir la responsabilidad de materializar políticas públicas que respondan a las problemáticas que padecen las comunidades indígenas. Urge dictar medidas sostenidas y de impacto para el rescate de la vida e integridad, así como la preservación de las tradiciones y costumbres de quienes ancestralmente han habitado el territorio nacional y merecen vivir con dignidad y con la plena garantía de sus derechos humanos.
Con información de TodosAhora
