La influencia diplomática de Naciones Unidas es crucial para la atención y priorización de la crisis de Venezuela en la agenda internacional, que se centró con fuerza durante la pasada visita de Michelle Bachelet, alta comisionada de Derechos Humanos, para monitorear y constatar de cerca el estado de desgaste en toda la estructura social y económica del país.
Y es que la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet presentó una actualización oral del informe sobre Venezuela en el que afirmó que el 2020 será un año electoral y le preocupa las inhabilitaciones de varios diputados. En esa actualización, la ex presidenta chilena precisó un dato que levanta alarmas sobre la comunidad internacional y la región ante la creciente inestabilidad política-social en Chile, Colombia y Bolivia.
“La Plataforma de Coordinación de Naciones Unidas para Refugiados y Migrantes de Venezuela estima que 4.7 millones de personas venezolanas han abandonado el país y proyecta que el número llegue a los 6.5 millones al final de 2020”, informó Bachelet.
Esas inhabilitaciones ocurren en un contexto de agravamiento de la crisis política y de una estrategia del gobierno de Nicolás Maduro de acelerar los tiempos electorales e institucionales con maniobras jurídicas-administrativas para efectuar unas elecciones parlamentarias en 2020 que podrían darle control sobre la Asamblea Nacional para cerrar su ciclo de dominio sobre todos los poderes públicos del Estado venezolano.
«Es crucial garantizar las libertades públicas que son fundamentales para crear las condiciones necesarias para unas elecciones libres, imparciales, creíbles, transparentes y pacíficas», dijo Bachelet.
La diplomática también mostró su preocupación por los llamados por parte de autoridades para seguir armando a las milicias, y la presentación ante la Asamblea Nacional Constituyente, de una propuesta de ley que fortalece e incorpora la milicia nacional a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.
De hecho, esa declaración de Bachelet denota la atención y el foco que ahora pone la ONU en el creciente control militar del gobierno venezolano sobre la población civil, que actualmente penetra con fuerza en las capas sociales de la población que históricamente ha estado más alineada con el chavismo.
Destacó la excarcelación en septiembre y octubre de 28 personas privadas de libertad por motivos políticos e instó a las autoridades a liberar a todas las personas detenidas por motivos políticos, incluyendo a militares.
