Con la participación de más de 200 municipios, los chilenos comparten su opinión este domingo sobre las medidas a tomar en pensiones, salud y reforma constitucional, en una consulta voluntaria y no vinculante lanzada por los alcaldes para descomprimir la crisis social que vive el país.
La consulta, que se materializa casi dos meses después del inicio del estallido social, comenzó esta semana con votaciones a través de páginas web de los municipios sumando medio millón de votos y se cierra este domingo con adhesiones presenciales que completan un total que superaba el millón pasadas las 18H00 GMT.
La Asociación Chilena de Municipalidades pronosticó una participación entorno a dos millones de ciudadanos.
El llamado a las urnas fue lanzado por los alcaldes respondiendo a la exigencia de los manifestantes de cambiar la Constitución heredada de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).
Sin embargo, con el posterior acuerdo político alcanzado en el Congreso para decidir en un plebiscito nacional en abril de 2020 sobre un cambio a la Carta Magna, la consulta de este domingo se amplió a otras áreas.
Implementar cambios en los criticados sistemas de salud y pensiones y priorizar una mirada social en transporte, medioambiente y pueblos originarios son algunas de los temas de los que se recogerá el parecer de la ciudadanía.
«Quiero cambios, necesitamos cambios pero estructurales y siento que esta es una manera de manifestarse, diciendo acá que es lo que necesitamos realmente», dijo a la AFP Jacqueline Bonjardin, de 37 años, mientras votaba en la comuna de Independencia, lindera con el centro de Santiago.
La mayor crisis social que vive el país desde el regreso a la democracia en 1990 se salda con 24 muertes, miles de heridos -entre ellos más de 300 con lesiones oculares graves- y denuncias sobre violaciones a los derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad.
Un informe de la Alta comisionada de la ONU para los derechos humanos (ACNUDH), la expresidenta chilena Michelle Bachelet, denunció el «elevado número de violaciones a los derechos humanos» por represión policial en las protestas.
El gobierno del derechista Sebastián Piñera lamentó esas conclusiones, pero llamó a valorar el «contexto» de violencia que envolvió a las protestas.
Agence France-Presse
