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miércoles, 18 de noviembre del 2026
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Familiares de presos políticos solicitan a Defensoría del Pueblo ordene inspeccionar la Cárcel de Ramo Verde

Piden investigar las denuncias sobre las restricciones de agua potable, cierre de accesos a instalaciones sanitarias, suspensión de visitas familiares y cualquier otra medida que pueda agravar las condiciones de reclusión

Los familiares de los presos políticos recluidos en el Centro Nacional de Procesados Militares (Cenapromil), conocido como la Cárcel de Ramo Verde, ubicada en Los Teques, solicitan a la Defensoría del Pueblo que ordene inspeccionar ese recinto penitenciario, ante las graves condiciones de salud de algunos de los huelguistas de hambre en ese centro de reclusión y señalamientos sobre violaciones de derechos humanos.

Los allegados a los detenidos por razones políticas en Ramo Verde consignaron una extensa correspondencia a la defensora del Pueblo, Eglée González Lobato, donde además denuncian irregularidades relacionadas con algunas causas judiciales por las que están privados de libertad.

Los familiares de los militares presos ratificaron ante la Defensoría del Pueblo “la situación de emergencia” que se presenta en ese penal mirandino, donde los privados de libertad por diferentes causas judiciales iniciaron y después extendieron una huelga de hambre indefinida, “como consecuencia de las irregularidades procesales denunciadas, la prolongación de sus privaciones de libertad, la falta de respuestas institucionales y las exigencias de respeto a sus derechos fundamentales”.

Los hechos reportados generan una preocupación extrema por la vida, la salud y la integridad física y psicológica de quienes se encuentran bajo custodia del Estado”, apuntaron en la correspondencia a González Lobato.

También afirman los familiares que la “urgencia” de la denuncia radica en que la prolongación de la huelga de hambre, sumada a las patologías preexistentes, las descompensaciones reportadas y las restricciones denunciadas dentro del centro de detención, “puede ocasionar consecuencias irreversibles”.

Se refirieron al traslado de emergencia, el pasado 14 de noviembre, del sargento Luis Lobo Medina, al Hospital Militar, por presentar un cuadro de hipertensión y deficiencia respiratoria.

Advirtieron que varios de los militares presos “presentan enfermedades crónicas y condiciones médicas que requieren seguimiento y tratamiento permanente, situación que aumenta su vulnerabilidad ante la prolongación de la huelga de hambre”.

Sin acceso al agua potable y a instalaciones sanitarias

Los allegados de los castrenses detenidos expusieron las violaciones de derechos humanos que según ellos imperan en ese centro de reclusión.

Aseveran que les restringen el acceso al agua potable y a las instalaciones sanitarias, que consideran derechos fundamentales, pues requieren “urgente hidratación” y aseo.

La falta de agua, sueros y servicios sanitarios, denuncian los familiares, se debería al cierre del acceso entre la torre de reclusión y el patio del establecimiento.

Los parientes también mencionaron la suspensión de las visitas a sus allegados detenidos en Ramo Verde.

La causa Cotiza y exigencias

Además, revelaron que 21 sargentos de los 24 sentenciados por la causa Cotiza cumplieron su tiempo de condena el pasado 24 de octubre de 2026, sin embargo, a pesar de haberse vencido esas condenas, no se emitieron las boletas de excarcelación, “manteniéndose su privación de libertad en razón del proceso posteriormente abierto ante la jurisdicción ordinaria con competencia en terrorismo”.

Acotaron que la preocupación de ellos no se limita solo a los militares pertenecientes a la causa Cotiza, sino también a otros que son procesados por causas como 30 de Abril, Refinería El Palito, Sukhoi, Paramacay, Aurora, Gedeón, Espionaje, Gobernación de Monagas y el identificado como “falso positivo” en el estado Bolívar.

Además de solicitar se inspeccione el Cenapromil, los familiares de los presos piden a la Defensoría del Pueblo que se requiera a las autoridades penitenciarias “garantizar de inmediato el acceso permanente al agua potable, hidratación, sueros, instalaciones sanitarias y condiciones adecuadas de higiene para todos los detenidos”.

Exigen que se garantice una evaluación médica individual, completa y urgente de cada uno de los huelguistas, con especial atención a quienes padecen enfermedades preexistentes o presentan síntomas de descompensación.

Piden que se permita el acceso de médicos independientes y especialistas, así como el traslado inmediato a hospitales de todos aquellos privados de libertad que lo requieran.

Solicitan investigar las denuncias sobre las restricciones de agua potable, cierre de accesos a instalaciones sanitarias, suspensión de visitas familiares y cualquier otra medida que pueda agravar las condiciones de reclusión.

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