Familiares y representantes legales de los 24 efectivos militares procesados por los hechos de Cotiza alertaron este martes sobre el grave deterioro físico que presentan los detenidos, quienes cumplen 9 días en huelga de hambre pacífica e indefinida en el Centro Nacional de Procesados Militares (CENAPROMIL) de Ramo Verde.

De acuerdo con la denuncia realizada por los allegados del Sargento Primero Alberto José Piñango Salas, la situación del efectivo reviste especial gravedad debido a lesiones previas que, según afirma su familia, fueron producto de presuntas torturas sufridas durante su permanencia bajo custodia de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM). Entre los padecimientos reportados por su hermana destacan una fractura en la cuarta vértebra lumbar, una dislocación del hombro derecho y una hernia inguinal, cuadros clínicos que se agudizan con la falta de ingesta de alimentos.
Según el testimonio de los familiares, varios de los 24 huelguistas ya han registrado episodios de descompensación física en medio de condiciones de reclusión que califican como precarias, sin que hasta el momento exista un pronunciamiento oficial por parte de las autoridades penitenciarias o judiciales.

“Tememos por la vida y la integridad física de nuestro hermano. Cada día que pasa sin una respuesta efectiva aumenta el riesgo para todos los que se mantienen en huelga de hambre pacífica”, declaró uno de los parientes de Piñango Salas, reiterando que mantendrán la denuncia pública hasta obtener garantías médicas y procesales.
Alegatos jurídicos y retardo procesal
La medida de protesta, iniciada el pasado 9 de noviembre, fue notificada formalmente ante el Juzgado de Juicio correspondiente por el abogado defensor Miguel Ángel Forero Terán, mediante un escrito titulado Punto de Urgencia Humanitaria.
En el documento consignado ante el tribunal, la defensa argumenta los siguientes puntos legales:
- Privación prolongada: Los 24 militares permanecen bajo prisión preventiva ininterrumpida desde el 21 de febrero de 2019, sumando 2.819 días (más de siete años y ocho meses), lo que según el abogado excede los lapsos establecidos en el artículo 230 del Código Orgánico Procesal Penal (COPP) y los artículos 44 y 49 de la Constitución.
- Recalificación del delito: La defensa señala que el pasado 26 de abril de 2026 un Juez de Control desestimó los cargos de terrorismo y delincuencia organizada, recalificando la causa únicamente al delito común de traición a la patria (artículo 128 del Código Penal).
- Aplicación de la Ley de Amnistía: El escrito sostiene que, al haber sido sobreseídos o indultados los civiles vinculados al caso y al tratarse de hechos ocurridos el 21 de enero de 2019, los procesados están amparados por los artículos 3 y 8 (numeral 10) de la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática (Gaceta Oficial N° 6.990 del 19 de enero de 2026), por lo que solicitan el sobreseimiento inmediato y las boletas de excarcelación.
Ante el riesgo vital que representa la prolongación de la protesta, tanto la defensa como los familiares hicieron un llamado urgente al Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) y a organizaciones defensoras de derechos humanos para que inspeccionen el recinto militar y verifiquen el estado de salud de los efectivos recluidos en Ramo Verde.
Por: Elianis Mosquera | CNP 26.415 | Somos Noticias Col
