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jueves, 12 de noviembre del 2026
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Prórroga para postulaciones al TSJ hasta el 18 de noviembre ¿estrategia o simple protocolo?

El presidente del Comité de Postulaciones Judiciales, Luis Florido, informó que el organismo ha recibido 1.140 postulaciones para los cargos vinculados al sistema de justicia venezolano. oberto Smith, PhD en Política Pública, cuestiona la extensión del plazo para las postulaciones al Tribunal Supremo de Justicia y advierte que la medida podría facilitar la incorporación de magistrados que actualmente integran el máximo tribunal, con el propósito de favorecer su permanencia en los cargos

El Comité de Postulaciones Judiciales de la Asamblea Nacional amplió por siete días el plazo para recibir las candidaturas a distintos cargos del sistema de justicia venezolano. Con esta decisión, los interesados tendrán hasta el miércoles 18 de noviembre  para formalizar sus aspiraciones.

El comité sustentó la extensión del periodo de recepción de documentos en las atribuciones establecidas en el artículo 270 de la Constitución y en el artículo 70 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia.

El presidente del Comité de Postulaciones Judiciales, Luis Florido, informó que el organismo ha recibido 1.140 postulaciones para los cargos vinculados al sistema de justicia venezolano.

Según detalló, 932 personas aspiran a ocupar magistraturas del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), 132 buscan integrar la Inspectoría General de Tribunales y 85 se postularon para la Escuela Nacional de la Magistratura.

Asimismo, Jorge Millán, diputado a la Asamblea Nacional, señaló que la prórroga de postulaciones al TSJ no retrasa el cronograma general previsto para la designación de los 32 magistrados.

Mientras se reciben nuevas candidaturas, avanza la evaluación de las credenciales y trayectorias de los juristas ya postulados», asegura.

Prolongar los tiempos de la transición política

La politóloga María Alexandra Semprún considera que todavía no se puede determinar si la extensión del plazo para las postulaciones al Tribunal Supremo de Justicia  responde a una cantidad insuficiente de aspirantes, pues, a su juicio, será necesario evaluar quiénes se inscriban durante los días adicionales para conocer las razones de la prórroga.

Semprún destaca que la decisión también podría estar relacionada con un interés particular en facilitar la inscripción de algún aspirante que aún no había formalizado su candidatura.

Otra posibilidad es que la ampliación forme parte de una estrategia para dilatar el proceso y prolongar los tiempos de la transición política», advierte.

Semprún señala que existe una expectativa ciudadana de que los cambios se produzcan con rapidez, mientras que el gobierno de transición podría tener interés en extender ese período.

Consideró que la prórroga debe analizarse más allá de una medida administrativa y observarse en el contexto de los tiempos políticos que rodean la renovación del máximo tribunal», indica.

Por su parte, Roberto Smith, PhD en Política Pública, cuestiona la extensión del plazo para las postulaciones al Tribunal Supremo de Justicia y advierte que la medida podría facilitar la incorporación de magistrados que actualmente integran el máximo tribunal, con el propósito de favorecer su permanencia en los cargos.

A través de su cuenta en X, Smith pidió al Comité de Postulaciones Judiciales explicar quién solicitó la prórroga, cuáles fueron los argumentos para aprobarla y qué candidaturas se recibirían después de la fecha de cierre inicialmente prevista para este jueves 12 de noviembre.

Esa prórroga puede servir para incorporar a última hora a magistrados del actual TSJ y facilitar su permanencia en el cargo», afirma.

El dirigente sostuvo que la ciudadanía tiene derecho a conocer si la modificación del cronograma responde a criterios transparentes o si permitirá cambiar las condiciones del proceso para beneficiar a quienes ya forman parte del Tribunal Supremo de Justicia.

Fallas en el baremo

Otro de los aspectos cuestionados en el proceso de renovación del TSJ es la estructura del baremo aprobado para evaluar a los aspirantes a magistrados, así como los criterios y la ponderación asignada a cada uno para determinar su idoneidad profesional y académica.

De acuerdo con la ONG, Acceso a la Justicia, el baremo aprobado por el Comité de Postulaciones Judiciales para evaluar a los aspirantes a magistrados del Tribunal Supremo de Justicia presenta fallas metodológicas y normativas que podrían comprometer la objetividad y transparencia de la selección.

En un análisis del instrumento, publicado el pasado 2 de noviembre, la ONG señaló que, aunque la difusión de los criterios de evaluación constituye un avance en materia de transparencia, el sistema de puntuación no asegura que los candidatos cumplan con las condiciones exigidas por la Constitución y la Ley Orgánica del TSJ.

La organización insistió en que la calificación obtenida por un aspirante no puede sustituir el cumplimiento de los requisitos constitucionales para ejercer como magistrado.

Ninguna calificación, por elevada que sea, debería permitir que un aspirante que no cumpla los requisitos del artículo 263 de la Constitución resulte elegido magistrado del TSJ», enfatiza.

Antigüedad por encima de méritos profesionales

Por su parte, abogada Thelma Fernández, abogada especialista en derecho penal advierte que el baremo aprobado por el Comité de Postulaciones Judiciales para escoger a los nuevos magistrados del TSJ privilegia la antigüedad dentro del sistema judicial por encima de otros méritos profesionales que, a su juicio, deberían tener mayor peso en la evaluación de los aspirantes.

Uno de los puntos que cuestionó es la asignación de 19 de los 100 puntos a la experiencia jurisdiccional. De esa valoración, hasta 12 puntos se otorgan por años de servicio como funcionario del sistema de justicia, con una escala de 0,8 puntos por año. De esta manera, un aspirante con 15 años de trayectoria obtiene la puntuación máxima en ese renglón.

Fernández señala que otros tres puntos corresponden a la condición de juez superior y uno a la experiencia como funcionario auxiliar. En conjunto, hasta 16 de los 19 puntos de este apartado están asociados con la permanencia dentro de las instituciones judiciales.

En cambio, la experiencia jurídica en la gestión pública fuera del sistema de justicia recibe un máximo de dos puntos, mientras que haber ingresado a la carrera judicial mediante concurso de oposición representa apenas un punto.

No necesariamente se ha evaluado la calidad, integridad o independencia con la que desempeñó sus funciones», advierte.

La abogada también puso en duda que la permanencia en el sistema judicial pueda considerarse, por sí sola, un indicador de mérito, en un país donde durante más de dos décadas se debilitó la carrera judicial y se extendió la provisionalidad.

La permanencia dentro de las instituciones judiciales, en la mayoría de los casos, no ha sido precisamente sinónimo de mérito, independencia o excelencia profesional», sostiene.

Un Comité de Postulaciones honorable

El politólogo Julio Urribarri expresó su confianza en el proceso de selección de los nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia y destacó la honorabilidad de los integrantes del Comité de Postulaciones Judiciales, especialmente de los representantes de la sociedad civil.

Urribarri, quien también participó en el proceso para integrar esa instancia, aseguró que sus miembros cuentan con el reconocimiento de distintos sectores de la colectividad y tienen trayectorias que respaldan su designación.

Son personas muy honorables en ese grupo, que gozan del aprecio de la colectividad y pertenecen a organizaciones de la sociedad civil sumamente importantes», afirma.

A su juicio, la presencia de estos representantes constituye una garantía para el cumplimiento de las normas que deben regir la selección. «Si nos remitimos a su hoja de servicio, podemos notar elementos muy significativos y de mucha fortaleza para tener confianza en que el proceso va a ser puro», sostuvo.

El politólogo también consideró que los integrantes del comité estarán atentos ante cualquier irregularidad y que, de producirse un intento de vulnerar la transparencia del procedimiento, sus miembros podrían denunciarlo públicamente.

Si se comete algún desafuero, esas personas honorables van a estar allí vigilantes. Tengo plena seguridad de que eso va a salir a la luz pública», sentencia.

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