Aunque el Gobierno sostiene que la nueva normativa permitirá modernizar el servicio y captar inversiones internacionales, la ONG considera que la reserva estatal de los segmentos estratégicos y el énfasis en la soberanía tecnológica mediante empresas nacionales y del poder popular pueden limitar la competencia, la innovación externa y la diversificación del sector
La reforma de la Ley Orgánica del Servicio y Sistema Eléctrico Nacional, aprobada por unanimidad en la Asamblea Nacional, es presentada por el gobierno interino de Delcy Rodríguez como una vía para superar la crisis eléctrica y atraer inversiones privadas. Sin embargo, un análisis de Cedice-Libertad advierte que el instrumento mantiene importantes restricciones a la competencia, concentra facultades en el Ejecutivo y deja interrogantes sobre la sostenibilidad financiera del sector.
Durante la asamblea anual de Fedecámaras, Rodríguez aseguró que la nueva legislación “permitirá la participación privada en los procesos de generación, transmisión y distribución”. Por su parte, el ministro de Energía Eléctrica, Rolando Alcalá, afirmó que la reforma busca “fomentar la competitividad, mejorar la eficiencia y atraer inversiones que fortalezcan la infraestructura eléctrica”.
No obstante, según reseña Infobae, la evaluación de Cedice-Libertad advierte que la reserva estatal de actividades estratégicas, como la generación hidroeléctrica en determinadas cuencas, la transmisión troncal y la distribución en áreas específicas, limita la competencia y mantiene el predominio del Estado sobre el sistema.
El análisis también cuestiona las condiciones establecidas para la participación privada. Aunque considera positivo que la ley contemple procedimientos judiciales para las expropiaciones y servidumbres, señala que el artículo 31 obliga a las empresas operadoras a transferir a Corpoelec, al finalizar sus habilitaciones, los bienes incorporados durante su gestión, “libres de gravámenes”, sin precisar cómo se compensarán las inversiones que todavía no hayan sido amortizadas.
A juicio de Cedice-Libertad, otros elementos también restringen la iniciativa privada, entre ellos la exigencia de concesiones ministeriales para proyectos de generación superiores a 50 megavatios y la prioridad que recibe la empresa estatal en los sistemas independientes.
Otro de los aspectos señalados por el estudio es la estructura regulatoria contemplada en la reforma. La designación y remoción de los responsables de la Superintendencia del Sistema Eléctrico Nacional queda bajo la autoridad de la Presidencia de la República, una disposición que, según Cedice-Libertad, elimina la independencia del organismo frente al Ejecutivo.
Asimismo, el Ministerio de Energía Eléctrica concentra atribuciones normativas, ejecutivas y cuasi judiciales, sin que el análisis identifique mecanismos suficientes de control parlamentario o judicial.
La evaluación también advierte sobre la creación de múltiples organismos con competencias regulatorias propias y distintas exigencias técnicas, contables, tarifarias y de información para las empresas. Esta estructura, sostiene, representa una “inflación legislativa y regulatoria” que puede incrementar los costos de operación y cumplimiento.
El documento cuestiona además la discrecionalidad que conserva el Ejecutivo para nombrar y remover reguladores, declarar estados de excepción y establecer subsidios.
En materia económica, Cedice-Libertad advierte que la legislación no fija límites cuantitativos al gasto público, al endeudamiento del sector eléctrico ni al monto de los subsidios que puede comprometer el Gobierno.
El fondo destinado al financiamiento de estos beneficios tampoco cuenta con topes claros de gasto o endeudamiento, por lo que su funcionamiento queda sujeto a decisiones del Ejecutivo. Para el centro de estudios, la ausencia de reglas fiscales vinculantes representa un riesgo para la sostenibilidad financiera del sistema a mediano plazo.
La organización también cuestiona que el Gobierno pueda favorecer determinadas áreas o sectores productivos mediante subsidios, una facultad que, advierte, podría generar privilegios sin criterios vinculados con la eficiencia.
Finalmente, el análisis señala que la reforma refuerza la centralización de las decisiones en el Ministerio de Energía Eléctrica y reduce las funciones de las alcaldías a tareas de apoyo.
Aunque el Gobierno sostiene que la nueva normativa permitirá modernizar el servicio y captar inversiones internacionales, Cedice-Libertad considera que la reserva estatal de los segmentos estratégicos y el énfasis en la soberanía tecnológica mediante empresas nacionales y del poder popular pueden limitar la competencia, la innovación externa y la diversificación del sector.
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