Colombia atraviesa una severa crisis de oferta en su mercado energético. Para cubrir el consumo interno, el país se ha visto obligado a acudir masivamente a los mercados internacionales, llegando a importar en octubre pasado el 41 % del gas natural que consume, una cifra que podría seguir en aumento si no se adoptan medidas urgentes para reactivar la producción nacional.
La ministra de Minas y Energía, María Nohemi Arboleda, advirtió que la estrechez en el suministro podría extenderse durante los próximos tres años, llegando hasta 2029, salvo que se registren hallazgos de gran magnitud en el corto plazo.
La situación es crítica debido al declive natural de los principales yacimientos del país —como Chuchupa, Cupiagua y Cusiana—, lo que ha llevado las reservas probadas de gas a un límite histórico de solo 5,9 años.
La apuesta por Venezuela y nuevas regasificadoras
Ante la urgencia de garantizar el suministro para los hogares, la industria y las plantas térmicas de generación eléctrica —esenciales ante la amenaza del fenómeno de El Niño—, Ecopetrol lidera un plan de choque centrado en la infraestructura de importación:
- Rehabilitación del gasoducto Antonio Ricaurte (Venezuela): En su primera fase, esta tubería aportaría 50 millones de pies cúbicos diarios (MPCD) a la oferta colombiana, lo que representa cerca del 5 % de la demanda estimada para 2025.
- Regasificadora del Pacífico: Permitirá incorporar 80 MPCD adicionales.
- Proyecto Puerto Bahía (Cartagena): Sumará 126 MPCD y está programado para entrar en operación a comienzos de 2027.
Con la suma de estos desarrollos y la capacidad existente en SPEC (533 MPCD), Colombia prevé alcanzar para el primer semestre de 2027 una capacidad de importación de 719 millones de pies cúbicos diarios.
Estrategia de choque: incentivos, seguridad jurídica y potencial offshore
Para frenar la dependencia externa, el Gobierno colombiano anunció un plan enfocado en seis frentes de exploración y producción que abarcan un potencial de 20 millones de hectáreas distribuida en 12 cuencas.
El pilar de esta estrategia será el RUGE (Régimen Único para Generar Estabilidad Empresarial), un modelo que adopta lecciones aprendidas de la experiencia argentina y análisis globales para dinamizar las inversiones. Asimismo, se modificará la Resolución 40537 sobre mantos de carbón para brindar mayor seguridad jurídica a los inversionistas.
“Vamos a luchar contra la corrupción. Ningún trámite va a costar”, enfatizó la ministra Arboleda al garantizar transparencia en los procesos de asignación de contratos.
A pesar del complejo panorama, el país cuenta con un importante potencial técnico en reserva:
- Yacimientos no convencionales: Estimados entre 4.000 y 13.000 gigapies cúbicos (GPC).
- Proyecto Sirius (offshore): Recursos calculados en 3.645 GPC.
- Mantos de carbón en el Cesar: Aporte estimado en 832 GPC.
El avance de estos proyectos dependerá del destrabe de licencias ambientales, la articulación entre sectores y la seguridad jurídica en las zonas de exploración.
Noticia al Día/Con información de Valora Analitik/Banca y Negocios
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