Un testimonio explosivo de Deicy Jiménez revela presuntas irregularidades en la contratación estatal durante el mandato de Petro. Las acusaciones incluyen abusos de poder y el uso de recursos públicos para fines personales.
Las sombras del escándalo vuelven a acechar al expresidente colombiano Gustavo Petro. Un testimonio de Deicy Jiménez, quien afirma haber mantenido una relación íntima con él, ha desatado una serie de interrogantes sobre el uso de recursos públicos durante su gobierno. Publicado el 25 de octubre por la revista SEMANA, el relato de Jiménez incluye acusaciones sobre presuntos abusos de poder, encuentros sexuales vinculados a contratos estatales y solicitudes relacionadas con sustancias ilícitas.
La polémica ha escalado más allá del ámbito político. La Fiscalía General de Colombia ha iniciado una indagación por posibles irregularidades en la contratación de mujeres durante el gobierno de Petro, mientras que la Corte Suprema de Justicia ha citado a Jiménez para que ofrezca su testimonio.
Los contratos públicos y las acciones de las autoridades son hechos fácilmente verificables. Sin embargo, el contexto en el que se habrían otorgado, la supuesta participación de Petro y las conductas denunciadas requieren una corroboración independiente que aún no está clara.
Jiménez, quien trabajó mediante contratos de prestación de servicios con entidades del Estado, aseguró en una entrevista que conoció a Petro en 2019, cuando era congresista, y que mantuvo una relación con él durante varios años. Según su testimonio, el político le facilitó oportunidades de contratación, utilizando mecanismos similares con otras mujeres. Una de las acusaciones más graves es que Petro le solicitó adquirir y transportar cocaína, lo que exige una verificación judicial exhaustiva.
La denunciante calculó que entre 30 y 40 mujeres habrían pasado por situaciones similares y que algunas de ellas aún están vinculadas a instituciones como la Presidencia, el Congreso y la Superintendencia de Salud. Sin embargo, advirtió que muchas temían hablar debido a presuntas presiones e intimidaciones.
Jiménez también cuestionó a mujeres del feminismo afín al petrismo, afirmando que algunas asistieron a las fiestas que describe. Sin embargo, no identificó a personas concretas ni presentó pruebas suficientes que atribuyan responsabilidades individuales. Sus afirmaciones, aunque preocupantes, no demuestran por sí solas la existencia de una red organizada.
Un punto central es que Jiménez sí tuvo vínculos contractuales con entidades estatales. SEMANA publicó información sobre contratos en el Senado, la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada y el Ministerio del Interior. Entre los mencionados figura María José Pizarro, senadora y aliada de Petro, a quien Jiménez acusa de tener conocimiento de su relación con el entonces mandatario.
Es crucial diferenciar entre los registros administrativos que validan los contratos y la acusación de que estos fueron concedidos a cambio de encuentros sexuales. Esta conexión requiere evidencia adicional. Además, se ha mencionado una presunta certificación de experiencia laboral expedida en Irán que Jiménez utilizó para sus contrataciones, cuya autenticidad y uso deben ser contrastados.
No solo Jiménez ha realizado denuncias. El 21 de octubre, Carlos Andrés Ríos Puerta, director del Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE), afirmó ante la Comisión Segunda del Senado que 48 mujeres habrían sido utilizadas mediante contratos para facilitar encuentros con el entonces presidente. Sin embargo, no identificó públicamente a las mujeres ni presentó evidencia que respaldara sus afirmaciones.
Las cifras de Ríos y las de Jiménez no pueden sumarse sin determinar si se refieren a las mismas personas. Preguntas cruciales permanecen: ¿quién recomendó y autorizó las contrataciones? ¿Qué labores se realizaron? ¿Existieron presiones? Estas interrogantes requieren una investigación exhaustiva.
Jiménez también ha presentado fotografías y capturas de conversaciones que, según ella, respaldan sus afirmaciones. Sin embargo, la coincidencia de algunos elementos en las imágenes no prueba por sí sola la veracidad de su relato. Para establecer conclusiones, es necesario examinar los archivos originales y las circunstancias de las imágenes.
La divulgación de datos personales de Jiménez ha suscitado críticas, particularmente hacia el periodista Daniel Coronell, acusado de publicar información que podría identificarla. La protección de quienes denuncian abusos de poder debe equilibrarse con la rigurosidad en la verificación de los hechos.
El escándalo ha reactivado declaraciones del exsenador Gustavo Bolívar, quien en enero de 2023 habló sobre presuntas prácticas de explotación sexual en el Congreso. Su reciente minimización de las nuevas acusaciones plantea interrogantes sobre su postura y la percepción de los abusos en el entorno político.
El 26 de octubre, la Fiscalía anunció acciones para investigar las irregularidades en la contratación de mujeres durante el gobierno de Petro. Sin embargo, la apertura de una indagación no implica culpabilidad. Las autoridades deben comprobar si existieron vinculaciones irregulares y qué relación, si alguna, tuvieron con los encuentros denunciados.
Una hipótesis a investigar es la existencia de un mecanismo coordinado para ofrecer contratos a cambio de favores sexuales. Esta acusación exige la diferenciación entre relaciones consensuadas y situaciones de coerción o abuso de autoridad. Las denuncias sobre cocaína requieren pruebas independientes y no pueden ser consideradas parte de una misma estructura sin evidencia clara.
SEMANA ha informado que otras mujeres están dispuestas a proporcionar información adicional. Si se corroboran, estas declaraciones podrían ayudar a establecer responsabilidades, pero hasta ahora no hay evidencia judicial que demuestre la existencia de una red de prostitución o tráfico de drogas en el gobierno anterior.
El caso de Deicy Jiménez trasciende la vida privada de un expresidente; plantea serias dudas sobre el abuso de poder y el uso indebido de recursos estatales. La gravedad de las acusaciones exige investigaciones rigurosas, respeto a la presunción de inocencia y un derecho de respuesta para todos los involucrados.
Las fotografías deben ser analizadas en su contexto; los contratos, contrastados con sus expedientes; y las declaraciones, verificadas con pruebas independientes. Las autoridades también deben aclarar las denuncias de explotación sexual formuladas en 2023 y determinar si se utilizaron cargos y recursos públicos para beneficios personales.
Las respuestas deben surgir de pruebas verificables y decisiones institucionales, no de la confrontación política. La falta de conclusiones judiciales hasta ahora no desestima la seriedad de los señalamientos, que requieren investigación para esclarecer los hechos y establecer eventuales responsabilidades.
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