La violencia volvió a sacudir la zona fronteriza entre Colombia y Venezuela. Al menos cuatro civiles y dos efectivos policiales resultaron heridos tras la detonación de un poderoso artefacto explosivo registrado este martes en las inmediaciones del puente internacional Francisco de Paula Santander, en Cúcuta.
De acuerdo con las declaraciones oficiales brindadas por Jorge Quintero, secretario de Seguridad Ciudadana del departamento de Norte de Santander, la carga explosiva fue colocada estratégicamente detrás de la sede de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), punto habitual donde las patrullas policiales estacionan para realizar tareas de vigilancia en el paso fronterizo.
Las primeras hipótesis sugieren que los perpetradores habrían abandonado una maleta bomba en el lugar. No obstante, equipos antiexplosivos y técnicos forenses se desplegaron en la escena para determinar el tipo de sustancia utilizada y la modalidad exacta del atentado.
«Se escuchó una explosión que nos dejó asustados, conmocionados. Hay un carro destruido», relató entre la angustia Griselda Becerra, habitante de la zona. Las autoridades confirmaron cuantiosos daños materiales en viviendas aledañas y vehículos particulares.
El secretario Quintero indicó que todo apunta a que la incursión violenta iba dirigida expresamente contra la Fuerza Pública, aunque enfatizó que las investigaciones apenas comienzan para esclarecer las responsabilidades intelectuales y materiales del hecho.
Organismos de socorro e inspección judicial acudieron al sitio para prestar los primeros auxilios a los lesionados, asegurar el perímetro y evacuar los escombros de las estructuras impactadas por la onda expansiva.
Este hecho terrorista eleva al máximo la tensión en Cúcuta, ocurriendo apenas 24 horas después del asesinato a tiros de Miguel Armando Castellanos Serrano, exsecretario de Gobierno de la ciudad y precandidato a la Alcaldía para las elecciones de 2027.
Castellanos Serrano fue sicariado el pasado lunes mientras se encontraba cerca de una estación de servicio en el Anillo Vial Occidental, en un momento en que transitaba sin su esquema de protección habitual. Ante este hecho, el presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, condenó categóricamente el crimen y prometió desplegar todo el aparato del Estado para evitar que el magnicidio quede en la impunidad.
Las autoridades mantienen tomada la zona de frontera para dar con el paradero de los responsables de esta ola criminal.
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