El 17 de octubre, Italia vivió un día de protestas que rápidamente se tornaron violentas, con el gobierno acusando a la extrema izquierda de instigar el caos. La primera ministra Giorgia Meloni condenó la violencia y respaldó a las fuerzas del orden.
En un escenario de creciente tensión social, Italia se unió a Francia en un día de protestas que culminó en violencia el 17 de octubre de 2026. En la emblemática Piazza del Duomo de Milán, la policía se enfrentó a manifestantes que exigían mejores condiciones de vida y trabajo, mientras la primera ministra Giorgia Meloni acusaba a la extrema izquierda de ser responsable del desorden.
Meloni, a través de un mensaje en redes sociales, expresó su apoyo a las fuerzas del orden, afirmando que «una vez más, los hombres y mujeres de las Fuerzas de Seguridad han tenido que enfrentar la violencia de criminales». La mandataria subrayó que los manifestantes pacíficos tienen derecho a expresarse, pero condenó las acciones violentas que «ponen en peligro la seguridad de los ciudadanos».
Los disturbios dejaron un saldo de al menos 50 detenidos, incluyendo menores, y varios policías heridos. La situación se tornó tan crítica que fue necesario el uso de cañones de agua para dispersar a la multitud. Los vándalos saquearon tiendas y destrozaron ventanas en la histórica Galleria Vittorio Emanuele II, uno de los íconos arquitectónicos de Italia.
La primera ministra ya había responsabilizado a los «matones que explotan las manifestaciones para sembrar el caos» en una publicación previa. Meloni hizo un llamado a la oposición política para que condenen sin ambigüedades estos actos de violencia, destacando que «demostrar es un derecho, pero incendiar nuestras ciudades no lo es».
Las protestas fueron organizadas por la Confederazione Generale Italiana del Lavoro (CGIL), el sindicato más antiguo de Italia, que representa a más de 5 millones de miembros. Los manifestantes, inspirados por recientes movilizaciones en Francia y España, exigieron un alto a la creciente costa de vida, salarios más justos y mejoras en los servicios públicos.
Meloni, reconociendo el derecho a la protesta pacífica, enfatizó que «no podemos ignorar lo que sucedió en otras plazas italianas». En su mensaje, detalló que en varias ciudades como Turín y Boloña, los disturbios llevaron a la intervención policial y al cierre temporal de estaciones de tren.
El alcalde de Milán, Giuseppe Sala, también se pronunció, afirmando que aunque las razones de las protestas eran comprensibles, la violencia y el daño a la ciudad no podían justificarse. La situación se agrava con reportes de que alrededor de 100 policías resultaron heridos en las manifestaciones a nivel nacional.
En medio de este caos, la presión sobre el gobierno de Meloni aumenta, mientras la sociedad italiana se enfrenta a un dilema: el derecho a la protesta frente a la necesidad de mantener el orden público.
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