El detenido aseguraba pertenecer al “Tren de Aragua” y al “Clan del Golfo” para intimidar a sus víctimas y amenazarlas con lanzar granadas contra sus viviendas.
Un presunto extorsionador señalado de mantener bajo amenazas de muerte a varios residentes del municipio Maracaibo fue capturado por funcionarios del Equipo de Respuesta Especial (ERE) del Cuerpo de Policía Bolivariana del estado Zulia (Cpbez), luego de un trabajo de investigación y rastreo policial.
El detenido fue identificado como Luis José Cano González, de 31 años, quien, de acuerdo con las denuncias recibidas, presuntamente exigía a sus víctimas pagos semanales que oscilaban entre 500 y 10.000 dólares en efectivo. Según los señalamientos, utilizaba amenazas de muerte y advertencias sobre posibles ataques con granadas contra las viviendas para obligarlas a entregar el dinero.
Para generar temor entre los afectados, Cano González afirmaba ser integrante de las organizaciones criminales conocidas como el “Tren de Aragua” y el “Clan del Golfo”, según la información relacionada con el procedimiento policial.
Tras recibir las denuncias, los funcionarios del ERE iniciaron labores de inteligencia e investigación de campo para ubicar al señalado. Las pesquisas condujeron a los efectivos hasta el sector 6 del barrio Las Trinitarias, en la parroquia Francisco Eugenio Bustamante, donde establecieron un cerco policial que permitió interceptarlo.
El hombre se desplazaba en una motocicleta marca EMD, modelo Cuervo de 150 centímetros cúbicos, de color negro. Al percatarse de la presencia policial, presuntamente intentó escapar y reaccionó de manera agresiva, por lo que los funcionarios procedieron a restringirlo e inmovilizarlo.
Durante el procedimiento, los oficiales incautaron un teléfono celular marca Motorola, que quedó relacionado con las actuaciones policiales.
Finalmente, el detenido fue puesto a disposición de la Fiscalía 48 del Ministerio Público, instancia que continuará con las actuaciones legales correspondientes para determinar las responsabilidades en este caso.
El procedimiento se produjo luego de varias denuncias ciudadanas que alertaban sobre presuntas exigencias de dinero acompañadas de amenazas, una práctica delictiva que genera temor e intranquilidad entre las comunidades.