De acuerdo con la organización, 17 de las 39 personas cuya salida de prisión ha podido confirmar no figuraban inicialmente en sus listas de seguimiento. Entre los casos confirmados se encuentra el de Wilder Vásquez, quien recuperó su libertad después de permanecer detenido «casi tres años más de lo establecido». El organismo advirtió que una medida alternativa a la prisión no supone necesariamente una excarcelación plena
La organización Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) informó que ha verificado directamente 39 excarcelaciones como parte del proceso de liberaciones registrado en los últimos días en distintos centros de reclusión del país.
De acuerdo con la organización, 17 de las 39 personas cuya salida de prisión ha podido confirmar no figuraban inicialmente en sus listas de seguimiento.
JEP señaló que continúa trabajando en la identificación y verificación de cada caso y aseguró que mantendrá informada a la opinión pública sobre el avance de las excarcelaciones.
Entre los casos confirmados se encuentra el de Wilder Vásquez, quien recuperó su libertad después de permanecer detenido «casi tres años más de lo establecido» en la sentencia que le fue impuesta.
Vásquez fue detenido el 11 de octubre de 2018 por su presunta vinculación con el intento de magnicidio contra Nicolás Maduro. Su condena de cinco años se cumplió el 13 de octubre de 2023, pero permaneció privado de libertad hasta su reciente excarcelación.
La organización celebró la liberación de Vásquez y destacó que podrá reencontrarse con sus familiares y retomar su vida. Al mismo tiempo, reiteró su llamado para que sean liberadas las personas que aún permanecen privadas de libertad y esperan por una excarcelación.
Las nuevas liberaciones se suman a las reportadas desde el martes 22 de septiembre, cuando distintas organizaciones comenzaron a documentar salidas de personas detenidas en varios centros penitenciarios del país.
El pasado 14 de agosto, el Gobierno venezolano anunció la aplicación de medidas alternativas a la privación de libertad para 131 personas que permanecían detenidas.
Según el comunicado oficial difundido entonces, las medidas fueron acordadas por tribunales venezolanos a solicitud del Ministerio Público, después de revisar la situación jurídica de personas procesadas o condenadas por delitos contemplados en la legislación nacional.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) saludó el anuncio, pero pidió que las medidas se tradujeran en la «libertad plena e incondicional» de todas las personas beneficiarias.
El organismo advirtió que una medida alternativa a la prisión no supone necesariamente una excarcelación plena. Por ello, solicitó al Estado venezolano publicar información completa y actualizada sobre los beneficiarios y precisar la situación procesal de cada uno.
La CIDH también pidió dejar sin efecto los procesos y restricciones derivados de detenciones que hubieran sido arbitrarias, garantizar que las personas liberadas no fueran objeto de represalias y establecer medidas de reparación para las víctimas.
Asimismo, exhortó a las autoridades a avanzar en reformas destinadas a garantizar la independencia judicial y reiteró su disposición de realizar una visita a Venezuela para evaluar la situación de los derechos humanos.
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