Aldo Contreras, economista, detalla que el mecanismo de tutela financiera podría implicar que los recursos sean liberados progresivamente, en función de presupuestos, auditorías y solicitudes de gasto. Pablo Polo, especialista en Políticas Públicas y Macroeconomía afirma que estos recursos permanecen vinculados al Estado venezolano, pero su utilización queda sometida a mecanismos de tutela y supervisión que restringen la posibilidad de disponer de ellos discrecionalmente
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos amplió el margen para determinadas operaciones con Petróleos de Venezuela (Pdvsa), mediante la emisión de la Licencia General 52C, que sustituye a la anterior 52B y establece nuevas condiciones para la actividad petrolera venezolana.
La medida permite a determinadas entidades estadounidenses realizar operaciones que estaban restringidas por las órdenes ejecutivas 13884 y 13850 con Pdvsa y con empresas en las que la estatal venezolana tenga, directa o indirectamente, una participación de 50 % o más. Entre las actividades autorizadas figuran operaciones vinculadas con la producción, comercialización, transporte y exportación de crudo y derivados venezolanos, además de determinados servicios e inversiones en el sector energético.
En este sentido, el corresponsal del diario ABC, David Alandete, sostiene que el nuevo esquema coloca buena parte de las operaciones de la industria petrolera venezolana bajo una supervisión estadounidense más estrecha.
Uno de los elementos centrales estaría precisamente en el manejo de los ingresos. De acuerdo con Alandete, los pagos derivados de determinadas operaciones no quedarían bajo disposición directa del Gobierno venezolano, sino sujetos a mecanismos financieros establecidos o determinados por el Tesoro estadounidense.
La normativa también mantiene restricciones sobre la estructura corporativa de Citgo y sus compañías matrices. La licencia no autoriza cambios en la gobernanza de PDV Holding, Citgo Holding o Citgo Petroleum Corporation, lo que mantiene bajo supervisión estadounidense uno de los principales activos venezolanos en territorio estadounidense.
En este contexto, Alandete considera que la nueva regulación limita el margen de maniobra de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, sobre los recursos generados por la industria petrolera. «Puede gobernar Venezuela, pero no disponer libremente de esos ingresos”, señala el periodista.
Falta de información sobre los fondos
Al ser consultado sobre los efectos que podría generar esta medida en Venezuela, el economista Aldo Contreras señala que el esquema de supervisión sobre los ingresos petroleros venezolanos abre también interrogantes sobre la transparencia con la que serán administrados esos recursos.
El principal problema es que, pese al cambio en el modelo de control, la información sobre los fondos, los contratos y su ejecución continúa siendo limitada», indica.
El experto en finanzas detalla que el mecanismo de tutela financiera podría implicar que los recursos sean liberados progresivamente, en función de presupuestos, auditorías y solicitudes de gasto. Sin embargo, advierte que esta interpretación debe tomarse como una presunción, debido a que el contrato que establece las condiciones del manejo de los fondos no ha sido publicado.
Asimismo, comenta que los recursos podrían destinarse a distintos mecanismos, entre ellos la disponibilidad de divisas para importaciones, operaciones cambiarias y el financiamiento del presupuesto público. Sin embargo afirma que los detalles sobre estos procedimientos permanecen bajo reserva.
Se criticó al gobierno porque ocultaba las cifras pero entonces el liberalismo o el capitalismo está haciendo lo mismo. No publica las estadísticas, no publica los contratos no esclarece como se están manejando esos recursos financieros, entonces estamos básicamente en dos modelos opuestos pero que hacen lo mismo», resalta.
Contreras recuerda que el Gobierno venezolano anunció la plataforma “Transparencia Soberana” como un mecanismo para publicar los ingresos y desembolsos provenientes de la renta petrolera, así como los contratos, las inversiones y los informes de auditoría, aunque explica que la información divulgada hasta ahora resulta insuficiente para conocer el verdadero movimiento de esos recursos. «Estamos en una opacidad en la que no conocemos el presupuesto, no sabemos que está sucediendo con el dinero»
Aumento salarial dependería de la recuperación petrolera
Un nuevo ajuste salarial podría entrar en el escenario económico venezolano durante 2027, pero su concreción estaría condicionada, según el economista, a una modificación previa de la legislación laboral y a una recuperación de los ingresos petroleros.
Contreras descarta un nuevo aumento salarial durante 2026 y plantea que la próxima revisión podría producirse en el primer trimestre de 2027 o alrededor del 1 de mayo de ese año. Sin embargo, señala que para sostener un incremento significativo de los salarios sería necesario aumentar progresivamente la producción petrolera.
Primero se necesita estabilizar el sistema eléctrico, luego ampliar la capacidad operativa de la industria petrolera y, finalmente, generar mayores ingresos que permitan respaldar una política salarial más amplia», sentencia.
Renta petrolera pertenece al Estado venezolano.
Por su parte, el economista, Pablo Polo, afirma que la nueva administración de los ingresos petroleros venezolanos bajo supervisión estadounidense modifica la forma en que pueden utilizarse determinados recursos, pero no significa que la renta petrolera deje de pertenecer al Estado venezolano.
Polo explica que es necesario diferenciar entre los dividendos que recibe el Estado como propietario de Pdvsa y los ingresos fiscales que genera la empresa mediante el pago de impuestos y otras obligaciones derivadas de su actividad.
De acuerdo con el economista, estos recursos permanecen vinculados al Estado venezolano, pero su utilización queda sometida a mecanismos de tutela y supervisión que restringen la posibilidad de disponer de ellos discrecionalmente.
Estados Unidos no pasa a ser propietario de la renta petrolera, sino que establece mecanismos de control sobre el destino de determinados recursos», explica.
El economista especializado en Políticas Públicas y Macroeconomía sostiene que esta distinción también resulta importante al analizar la posibilidad de un futuro aumento salarial.
Según explica, la nómina pública se financia principalmente mediante los recursos que ingresan al presupuesto a través de la recaudación fiscal. Por ello, un incremento de la producción y de la actividad petrolera podría ampliar la base de ingresos fiscales del Estado y generar un efecto favorable sobre las cuentas públicas.
Los impuestos y la renta siguen allí; la diferencia es que no se pueden utilizar de manera discrecional como antes”, afirma Polo.
En la misma línea, el economista Manuel Sutherland cuestiona que la apertura de la industria petrolera venezolana a capitales y empresas extranjeras pueda traducirse automáticamente en una recuperación de la economía nacional. A su juicio, el problema de fondo está en quién controla actualmente la producción, comercialización y administración de los ingresos provenientes del petróleo.
Escenario de inflación elevada
Sutherland sostiene que el nuevo modelo representa un retroceso en términos de soberanía petrolera y económica, porque limita la capacidad del Estado venezolano y particularmente de Pdvsa para decidir de manera autónoma sobre sus principales recursos naturales.
Esto es un salto atrás de 120 años, ni con el gomecismo se vio algo tan entreguista, tan antinacional. La gestión de todo el comercio y toda la extracción, comercialización del crudo pertenece a Pdvsa que tristemente ha sido secuestrada por una camarilla que destruyó a la empresa, destruyó su soberanía energética y su soberanía económica y ahora la está entregando por nada a Estados Unidos», asegura.
Sutherland advierte que la aplicación estricta del nuevo esquema de administración de los recursos petroleros podría tener consecuencias negativas sobre las finanzas públicas venezolanas, particularmente si disminuye el flujo de ingresos que recibe el Estado por la actividad petrolera.
Según explica, una menor disponibilidad de recursos fiscales también podría reducir el abastecimiento de divisas en el mercado interno y aumentar las presiones sobre las cuentas públicas. En ese escenario, sostiene que el Gobierno podría recurrir nuevamente a la monetización del déficit fiscal, es decir, al financiamiento de sus gastos mediante la creación de dinero.
Ese mecanismo podría incrementar las presiones inflacionarias y acelerar la depreciación del bolívar. Si se profundiza el desequilibrio fiscal y no existen mecanismos adecuados para contenerlo, Venezuela podría enfrentar nuevamente un escenario de inflación extremadamente elevada», señala.
El economista vincula este riesgo con el deterioro que, que a su juicio, ha experimentado el sistema salarial venezolano. Señala que la reducción del poder adquisitivo de los trabajadores públicos y la sustitución de parte de la remuneración por bonificaciones han debilitado la capacidad del salario para sostener el consumo y las cotizaciones asociadas a la seguridad social.
Para Sutherland, el problema de fondo no radica únicamente en cuánto petróleo produzca Venezuela, sino en cómo se administran los ingresos provenientes de esa actividad y qué proporción de esos recursos queda disponible para financiar al Estado.
Una reforma económica sostenible debería estar acompañada por cambios institucionales y fiscales que permitan garantizar una administración transparente y eficiente de la renta petrolera. De lo contrario, una mayor producción de crudo podría coexistir con dificultades fiscales, presión cambiaria e inflación», afirma.
diarioversionfinal
Recuerda seguirnos en nuestra NUEVA CUENTA INSTAGRAM , TIKTOK Y WHATSAPPdiarioversionfinal
