El Gobierno argentino ordenó acelerar los procedimientos contra empresas que exploren o exploten hidrocarburos en las Malvinas sin autorización de Buenos Aires. Las sanciones podrían alcanzar a petroleras, directivos, accionistas y compañías que presten servicios a esos proyectos. La medida impacta directamente al proyecto Sea Lion, que prevé comenzar a extraer crudo en 2028
El presidente de Argentina, Javier Milei, firmó este viernes un decreto que agiliza los mecanismos para sancionar a las empresas petroleras que operen en las islas Malvinas, territorio bajo control británico cuya soberanía reclama el país suramericano.
La medida, publicada en el Boletín Oficial, busca acelerar la aplicación de la Ley 26.659, aprobada en 2011, que establece las condiciones para la exploración y explotación de hidrocarburos en la plataforma continental argentina.
La legislación contempla sanciones para las compañías que desarrollen actividades petroleras sin autorización del Gobierno argentino, debido a que Buenos Aires considera a las Malvinas y las aguas circundantes como parte de su plataforma continental.
Milei había anticipado la decisión durante un mensaje emitido por cadena nacional, en el que señaló que su Gobierno buscaría acelerar las sanciones contra las petroleras, sus directivos, accionistas y proveedores vinculados con operaciones en las islas a partir de licencias otorgadas por las autoridades isleñas, que Argentina considera ilegales.
El decreto establece que los organismos de la Administración Pública argentina deberán informar de inmediato si detectan empresas que desarrollen actividades hidrocarburíferas en las Malvinas sin autorización de Buenos Aires. A partir de esos reportes se podrá iniciar el procedimiento correspondiente.
Las medidas no se limitarían a las compañías petroleras. La Ley 26.659 también contempla a personas o empresas que tengan participación directa o indirecta en los proyectos, así como a quienes suministren servicios comerciales, financieros, logísticos, técnicos o de consultoría.
Los involucrados podrían quedar inhabilitados para desarrollar actividades en Argentina durante períodos de entre cinco y 20 años.
Argentina ya aplicó estas sanciones contra la británica Rockhopper, en 2013, y la israelí Navitas, en 2022. Ambas fueron inhabilitadas durante 20 años y son socias en el proyecto Sea Lion, ubicado a unos 220 kilómetros al norte de las Malvinas.
El proyecto, operado por Navitas, se encuentra en una etapa inicial de desarrollo. A finales de 2025, las compañías anunciaron su decisión final de inversión y proyectaron comenzar la extracción de petróleo en marzo de 2028.
Además de Navitas y Rockhopper, en las Malvinas operan la británica Borders & Southern y la canadiense JHI, junto con otras empresas dedicadas a suministrar servicios e infraestructura para las actividades petroleras.
El nuevo decreto también establece que las compañías que incumplan la normativa argentina no podrán participar en proyectos incluidos en el Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI), implementado en 2024 para atraer capital a sectores estratégicos, entre ellos el energético.
La decisión de Milei representa un nuevo capítulo en la disputa entre Argentina y Reino Unido por la soberanía de las Malvinas y añade presión sobre las empresas que buscan desarrollar los recursos petroleros de la zona.
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