La esposa teme por su vida y pide que no lo devuelvan a Caracas: «En Venezuela no hay justicia, puede ser torturado y hasta asesinado», dijo al diario ABC.
La Audiencia Nacional de España ha ordenado la extradición a Venezuela de Ernesto Luis Quintero Mendez, un extrabajador de una casa de bolsa en la ciudad de Maracaibo, ABA Mercado Capitales, que quebró en el año 2010 y dejó sin pagar a sus inversores unos 50 millones de dólares
Quintero fue detenido la mañana del pasado miércoles, 10 de febrero, en Madrid por la Guardia Civil cuando se dirigía a su trabajo, tras ser objeto de una orden internacional de detención de Interpol expedida en 2018 por estafa y delitos societarios.
Un juzgado penal del estado Zulia lo reclama por un delito de estafa continuada, apropiación de fondos y valores; y asociación para delinquir.
Quintero, de 41 años, llegó a España en 2018 y solicitó protección internacional para que se le reconociera el derecho al asilo. Un año después, se reencontró con su esposa Cismary Marcano y su hija de 7 años, quienes se sumaron a su solicitud de extranjería.
En enero de 2019, Interior resolvió denegarle a él, el derecho de asilo por «contar con antecedentes penales», sin embargo, a su esposa e hija, sí se les concedió la residencia temporal por razones humanitarias.
Ante la posibilidad de que su esposo sea extraditado inminentemente a Caracas, Marcano dijo a ABC: «En Venezuela no hay justicia, puede ser torturado y hasta asesinado por la dictadura de Maduro. No hay manera de que a mi esposo le respeten sus derechos fundamentales».
La esposa cuenta a ABC que solo ha podido hablar con él «dos minutos» y fue para avisarle que estaba preso y que «la Guardia Civil había ido por él».
El venezolano se encuentra detenido en la cárcel Soto del Real y podría ser enviado de vuelta a Venezuela el próximo miércoles, que es cuando está programado un vuelo humanitario desde Madrid por la aerolínea Plus Ultra, debido a las restricciones que mantiene aún por la pandemia el gobierno venezolano para los vuelos procedentes de Europa.
El caso de la enfermera de Chávez
En febrero de 2019, la misma instancia resolvió no extraditar a la enfermera de Hugo Chávez, Claudia Patricia Díaz, y a su esposo Adrián Velásquez basándose en informes de instituciones, organismos y ONG porque existe «cierto riesgo» de que en Venezuela se vulneren los derechos fundamentales de personas detenidas. «A la enfermera de Chávez sí le respetaron sus derechos y no la extraditaron. Porque a unos sí y a otros no», reprochó Marcano, cuyo esposo afrontará un proceso de extradición si la sala desoye su recurso de súplica.
Quintero ya había sido detenido en febrero de 2019 y puesto en libertad provisional con régimen de presentación cada quince días. Ahora la Sala de lo penal, sección cuarta, autoriza el procedimiento una vez que el Consejo de Ministros acordó la entrega del ciudadano venezolano el pasado 2 de febrero.
El embajador asignado por Guaidó en España, Antonio Ecarri, condenó la extradición de su compatriota y aseguró a ABC que «llevar a cabo cualquier extradición en este momento es condenarlo a muerte» y pide que «sea escuchado el clamor de la familia Quintero».
Este viernes, se ha convocado una manifestación ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, a las 11.00 de la mañana, para que revise el caso de Quintero, tal como ha recomendado ACNUR en una misiva enviada al Ejecutivo español pidiendo que el venezolano no sea extraditado.
En el año 2017, precisamente el nombramiento del Fiscal General Tarek William Saab vino acompañado por una ola de persecución contra las Casas de Bolsa y todo el personal relacionado con ellas, incluidos los asalariados como es el caso de este venezolano.
Su defensa afirma en el escrito de alegaciones que su representado «ni ha sido accionista de ABA Mercados de Capital, ni de la mercantil para la que trabajaba como empleado ABA Servicios Financieros, que era principal accionista de la primera, ni de ninguna otra sociedad».
En dicho escrito, se hace referencia al presidente de ambas sociedades, Enrique Auvert, que se encuentra exiliado en Estados Unidos, debido a la persecución política sufrida y a parte del equipo directivo entre los que figura Juan Carlos Abudei, que dirigía el diario denominado «La Verdad», cuyo dueño era un opositor al Gobierno de Maduro, motivo por el cual se ordenó igualmente su detención, «si bien amparado en una supuesta captación irregular de fondos». Y el empresario petrolero Luciano Biondi, también opositor y sobre el que se acordó una orden de detención.
