La familia de la exjueza venezolana María Lourdes Afiuni Mora confirmó este viernes que quedó definitivamente cerrado el proceso judicial seguido en su contra, una decisión que, según sus familiares, restituye plenamente su libertad y pone fin a años de litigio.
A través de un comunicado firmado por Nelson Afiuni Mora, hermano de la exjueza, y Thelma Fernández, representante legal de la familia, señalaron que el cierre del expediente representa “el final de un largo y doloroso capítulo”, marcado —según denunciaron— por presuntas violaciones a los derechos humanos y al debido proceso.
Durante el pronunciamiento, la familia sostuvo que las consecuencias del caso trascendieron el ámbito personal y consideró que el proceso se convirtió en un símbolo de los cuestionamientos sobre la independencia judicial en Venezuela. Asimismo, expresaron su agradecimiento a las personas, organizaciones de derechos humanos, juristas, periodistas e instituciones que acompañaron el caso dentro y fuera del país.
Los familiares también destacaron el respaldo recibido por quienes defendieron principios relacionados con la independencia judicial, el Estado de derecho y la protección de los funcionarios encargados de administrar justicia.
No obstante, el comunicado advierte que el cierre del expediente no elimina el sufrimiento experimentado por Afiuni ni repara automáticamente los daños que, según la familia, fueron ocasionados durante el proceso. En ese sentido, calificaron el caso como una advertencia sobre los riesgos de utilizar el sistema de justicia como mecanismo de represalia contra quienes ejercen sus funciones de manera independiente.
“Ningún juez debe volver a enfrentar prisión, persecución, humillación o amenazas por cumplir con su deber, aplicar la ley o dar cumplimiento a decisiones y estándares del derecho internacional de los derechos humanos”, afirmó la familia en el documento.
Finalmente, los representantes de Afiuni Mora expresaron su esperanza de que el cierre definitivo del proceso contribuya a una reflexión nacional sobre la independencia judicial y a la adopción de garantías que eviten que situaciones similares vuelvan a repetirse en Venezuela.
