La iniciativa obtuvo 37 votos a favor y 33 en contra y ahora será discutida en la Cámara de Diputados. El oficialismo retiró los capítulos sobre la venta de tierras a extranjeros y el uso de terrenos afectados por incendios
El Senado de Argentina aprobó durante la madrugada de este viernes un proyecto de ley sobre la inviolabilidad de la propiedad privada, impulsado por el Gobierno del presidente Javier Milei, y lo remitió a la Cámara de Diputados para continuar con su discusión parlamentaria.
La iniciativa fue aprobada con 37 votos a favor y 33 en contra, después de casi 13 horas de debate y en medio de protestas ciudadanas registradas en las inmediaciones del Congreso.
El proyecto busca, según el Gobierno argentino, eliminar restricciones que afectan el derecho de propiedad y fortalecer la seguridad jurídica con el propósito de favorecer la llegada de inversiones.
Sin embargo, durante el trámite en el Senado fueron retirados dos de los capítulos que habían generado mayor controversia. El primero correspondía a las restricciones para la compra de tierras por parte de personas y empresas extranjeras, mientras que el segundo planteaba modificaciones al régimen aplicable a terrenos afectados por incendios.
La eliminación del capítulo sobre tierras extranjeras se produjo un día antes de la votación, luego de las críticas generadas por la propuesta. Posteriormente, tras varias horas de debate, el oficialismo decidió retirar también las disposiciones relacionadas con el uso de terrenos quemados.
De esta manera, el proyecto no modifica la actual Ley de Manejo del Fuego, que establece restricciones para cambiar el uso del suelo después de incendios. La normativa vigente contempla limitaciones durante 60 años para bosques, áreas naturales protegidas y humedales, y de 30 años para proyectos inmobiliarios y actividades agropecuarias en zonas de vegetación ubicadas fuera de los límites urbanos.
Pese a la eliminación de esos capítulos, la iniciativa mantiene otras modificaciones relevantes. Entre ellas se encuentra un nuevo régimen para los desalojos de propiedades en casos de usurpación u ocupación ilegal, que pasarían a tramitarse mediante juicios sumarios, con procedimientos más rápidos que los contemplados actualmente.
El proyecto también establece mayores restricciones a la capacidad del Estado para expropiar bienes, mediante una definición más exigente del concepto de «utilidad pública» que debe justificar una expropiación.
Asimismo, contempla que las indemnizaciones por expropiación garanticen una reparación plena al propietario, incluyendo el lucro cesante y tomando como referencia el valor del inmueble antes de que se anuncie formalmente la expropiación.
La aprobación en el Senado representa una primera victoria legislativa para el Gobierno de Milei en este proyecto, aunque todavía deberá superar el debate y la votación en la Cámara de Diputados para convertirse en ley.
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