En un firme acto de fiscalización parlamentaria, la diputada Nora Bracho, en compañía entregó el pasado 5 de junio a la sede del Ministerio del Poder Popular para la Energía Eléctrica (MPPEE) para consignar una exigencia formal de rendición de cuentas ante el colapso del Sistema Eléctrico Nacional (SEN). Bracho calificó la precariedad del servicio como una vulneración a los derechos humanos de todos los venezolanos, señalando que la crisis ha dejado de ser una falla técnica para convertirse en una política de exclusión que castiga con mayor severidad a las regiones del interior.
Haciendo uso de sus atribuciones constitucionales (Art. 187 y 222), la parlamentaria denunció que el racionamiento discrecional afecta la productividad y la vida en todo el territorio, aunque enfatizó la tragedia humana que viven estados con temperaturas extremas.
«Venezuela entera padece la ineficiencia de un sistema centralizado, pero someter a regiones como el Zulia a cortes inhumanos con temperaturas que superan los 44°C no es ‘administración de carga’, es una política de tortura que atenta contra la integridad de niños, ancianos y enfermos», sentenció Bracho.
Asimismo, se pronunció ante el proyecto de ley para el sector eléctrico, el cual se encuentra en manos de la Secretaría de la Asamblea Nacional para su segunda discusión. Indicó que este instrumento debe ser consultada con toda Venezuela para convertirse en una solución integral al colapso de los servicios públicos en el país:»Esta ley no debe ser simplemente una simulación de consulta con un funcionariado que, aunque es importante, no representa a todos los sectores del país»
En este sentido, exigió formalmente abrir una consulta amplia que incluya a las academias, los colegios profesionales y la sociedad civil, asegurando que la participación ciudadana es indispensable para garantizar la transparencia frente a los escándalos de corrupción y la desprofesionalización que ha sufrido el sector eléctrico en Venezuela.
Exigencias ante la desidia nacional
La misiva entregada por la diputada exige respuestas precisas sobre tres ejes que afectan la estabilidad de la nación:
1.Discriminación Territorial: Cuestionó los criterios de equidad en la distribución de carga, exigiendo el fin de los privilegios de consumo para la Región Capital mientras el resto del país soporta el peso del racionamiento. Instó a presentar el cronograma real de inversión para la recuperación de plantas regionales, como Termozulia, para que las regiones dejen de depender exclusivamente de una línea de transmisión desde el Guri que se quiebra ante cualquier fluctuación.
2.Infraestructura en Crisis: Solicitó un informe auditado sobre el mantenimiento de la red troncal nacional y, específicamente, de las líneas y torres que cruzan el Lago de Maracaibo, cuya fragilidad recurrente mantiene en vilo la conectividad de todo el occidente del país a pesar de los anuncios oficiales de «blindaje».
- Responsabilidad Patrimonial Nacional: Ante la destrucción masiva de electrodomésticos en todos los hogares venezolanos debido a los constantes «bajones», Bracho exigió mecanismos de indemnización directa o la exoneración de tarifas para compensar el daño patrimonial causado por la ineficiencia de la gestión ministerial.
Ultimátum institucional
La misiva invoca el artículo 125 del Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional, otorgando al ministerio un lapso de tres días continuos para remitir una respuesta por escrito.
«El silencio administrativo ante esta tragedia nacional no será interpretado sino como la admisión de una gestión fallida que hoy cobra la dignidad y calidad de vida de todos los ciudadanos», concluyó la parlamentaria.
Nota de Prensa
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