Luego de 22 años, la compra-venta de una casa ubicada en el sector San Felipe III del municipio San Francisco en el estado Zulia, ha generado una situación de vulnerabilidad e inseguridad jurídica en contra de las personas que residen en ese inmueble, pues ahora sus antiguos propietarios pretenden desalojarlos, alegando que el pago nunca se realizó porque «el cheque no tiene fondo».
Luego de 22 años, la compra-venta de una casa ubicada en el sector San Felipe III del municipio San Francisco en el estado Zulia, ha generado una situación de vulnerabilidad e inseguridad jurídica en contra de las personas que residen en ese inmueble, pues ahora sus antiguos propietarios pretenden desalojarlos, alegando que el pago nunca se realizó porque «el cheque no tiene fondo».
Así lo denunció públicamente este miércoles 3 de mayo Erica Martínez, actual dueña del domicilio en cuestión, explicando que la propiedad fue adquirida legalmente en el año 2004 a la ciudadana Nerva Bracho por el señor Omar Bracho y que desde entonces, el lugar ha servido como hogar familiar, inicialmente para la madre del comprador y, tras su fallecimiento, para Martínez y su esposo.
La denunciante expuso que, tras 22 años de residencia pacífica y de haber realizado continuas mejoras a la infraestructura, los familiares de la vendedora original —quien era casada al momento de la transacción— han aparecido alegando que el esposo de esta nunca firmó el documento de venta. Asimismo, sostienen de forma extemporánea que el cheque emitido como pago en aquella época, supuestamente, «no tenía fondos».
«No entendemos por qué después de más de 22 años vienen a pelear y a decir que un cheque no tenía fondo. De haber sido así, la denuncia debió presentarse inmediatamente al momento de firmar el contrato y no casi 23 años después», cuestionó Martínez, resaltando la incongruencia de las reclamaciones actuales.
Erica Martínez enfatizó que los representantes del consejo comunal de la zona la conocen de vista y trato y pueden certificar ante una investigación que ella y su familia son quienes han habitado y mantenido el inmueble durante todo este tiempo. De hecho, ella alegó que los voceros comunitarios señalaron no conocer a los reclamantes actuales.
«Necesitamos que intervención de las autoridades del Ministerio Público porque recientemente una abogada, acompañada por dos funcionarios policiales vestidos de civil, se presentó en el lugar con la aparente intención de mediar o presionar un desalojo informal, procedimiento que no cumple con los canales legales regulares. Esa visita quedó registrada en videos que yo tengo y que mantienen como evidencia lo que consideramos un amedrentamiento y un procedimiento arbitrario», dijo Erica Martínez
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