Hazte Oír, una de las acusaciones populares del “caso Plus Ultra”, ha pedido al juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama que añada a la nómina de investigados encabezada por el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero a esposa, Sonsoles Espinosa, y sus dos hijas y a nueve exministros que participaron en la decisión del Consejo de Ministros de rescatar a la aerolínea en marzo de 2021 con una inyección de dinero público de 53 millones de euros, que los investigadores atribuyen a las gestiones del exlíder del PSOE.
El abogado de la asociación, Javier María Pérez-Roldán, justifica la petición de imputación de las hijas de Zapatero en la condición de Laura y Alba Rodríguez Espinosa de administradoras de Whathefav, una de las empresas señaladas por la UCO para canalizar los supuestos pagos irregulares a cambio de las gestiones para desbloquear el rescate de Plus Ultra.
En cuanto a Sonsoles Espinosa, Hazte Oír apela a su condición de cotitular de una cuenta que habría recibido fondos de Análisis Relevante, la consultora de Julio Martínez Martínez también en el punto de mira de la investigación por el pago por supuestos informes de asesoría.
También Ábalos y Koldo
Pero la acusación popular va más allá y quiere que se cite como investigados a los exministros que avalaron el rescate de la compañía aérea y que no están aforados actualmente: Arancha González Laya, Pablo Iglesias, Isabel Celaá, José Manuel Rodríguez Uribes, Pedro Duque, Reyes Maroto, Alberto Garzón, Manuel Castells y Carolina Darias.
En cuanto al resto de miembros del Gobierno que dieron su visto bueno a esa ayuda pública, avanza que estudiará promover la remisión al Tribunal Supremo de una exposición razonada para que valore si deben ser también investigados.
Según pone de manifiesto la acusación popular, todos ellos pueden haber incurrido en delitos de prevaricación, malversación, fraude de subvenciones y tráfico de influencias. Y aunque admite que algunos de ellos “pudieran ser solo testigos, por no haber tenido participación directa o conocimiento de los hechos presuntamente delictivos que pudo haber tras el rescate”, defiende que se les cite en todo caso como imputados “para preservar su derecho a la defensa”.
Del mismo modo, pretende que comparezcan, igualmente como investigados, tanto el exministro José Luis Ábalos como quien fuera su asesor, Koldo García, por s su presunta relación con lo que la UDEF denominada “vía Ábalos” para influir en el rescate (una alternativa a la “vía Zapatero”, que según los informes policiales fue la que finalmente se impuso), una operativa en la que considera “interlocutor clave” a Koldo.
Espinosa, “beneficiaria a título lucrativo”
Hazte Oír incide en su escrito en que el juez considera a Whathefav, la empresa de las hijas de Zapatero, un “elemento finalista del entramado” y “centro de redistribución de flujos económicos” de la supuesta red. Y recuerda que la investigación ha puesto de relieve que “han percibido en sus cuentas personales”, en las cuales Zapatero “figura como autorizado”, “las cantidades de 247.191,00 euros y 199.904,00 euros, respectivamente”. Y, además, añada que el propio expresidente “reconoció expresamente, en su comparecencia parlamentaria de 2 de marzo de 2026, que la incorporación de sus hijas al circuito de Whathefav «fue parte del acuerdo» con D. Julio Martínez Martínez”.
En cuanto a Sonsoles Espinosa señala que figura como cotitular de la cuenta bancaria a la que Análisis Relevante transfirió 490.780,00 euros entre 2020 y 2025, “retribución calificada en el auto como contraprestación del ejercicio de influencias”. Una posición que, según la acusación, “la convierte en beneficiaria a título lucrativo de los fondos presuntamente obtenidos mediante actividad delictiva”.
Todo ello, recalca el letrado, justifica “sobradamente su llamamiento al procedimiento en condición de investigadas”, las hijas de Zapatero por la presunta comisión de delitos de blanqueo, receptación y cooperación necesaria en el tráfico de influencia, y Espinosa “en su condición, al menos, de beneficiaria a título lucrativo de los efectos del delito”, sin perjuicio -precisa Hazte Oír- “de la imputación que pudiera resultar procedente al resultado de la correspondiente prueba pericial financiera y patrimonial”.
Asimismo, también reclama al instructor la citación como investigados de José Ángel Partearroyo, director de Participadas IV de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), por haber facilitado supuestamente a la red “información reservada del procedimiento administrativo”; de Ramón Gordils, “mediador en la primera aproximación de Plus Ultra al entorno” de Zapatero; de Raif el Arigie, como supuesto cooperador en los hechos investigados; de Federico Lledó y de los administradores de varias empresas a las que el juez Calama señala en su auto.
Por Agencia
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