Quero Navas, de 51 años, fue arrestado en Caracas por agentes de la Dirección General de Contrainteligencia Militar. Pese a ello, la defensa y la familia, encabezada por su madre Carmen Teresa Navas han reiterado que continuarán las acciones legales para exigir información y una prueba de vida del detenido.
La justicia venezolana rechazó otorgar medidas de amnistía a Víctor Hugo Quero Navas, detenido desde el 1 de enero de 2025 y cuyo paradero permanece sin confirmación oficial. Organizaciones de derechos humanos califican el caso como una desaparición forzada debido a la falta de información sobre su situación.
Quero Navas, de 51 años, fue arrestado en Caracas por agentes de la Dirección General de Contrainteligencia Militar, presuntamente sin orden judicial. Desde entonces, sus familiares aseguran no haber recibido datos sobre su ubicación ni sobre su estado de salud.
El abogado Moisés Gutiérrez, de la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia, informó que el tribunal consideró que los delitos imputados no están contemplados dentro de los supuestos de amnistía. A su juicio, esta decisión complica aún más los esfuerzos por esclarecer el caso.
Pese a ello, la defensa y la familia, encabezada por su madre Carmen Teresa Navas, han reiterado que continuarán las acciones legales para exigir información y una prueba de vida del detenido.
A lo largo de más de un año, los allegados de Quero han acudido a distintas instituciones sin obtener respuestas claras. Versiones contradictorias han sugerido su posible traslado entre centros de reclusión, aunque en todos los casos las autoridades han negado su presencia.
La organización Foro Penal ha documentado el caso y señala que Quero habría sido visto por última vez en agosto de 2025, cuando presuntamente fue llevado a un centro médico tras presentar problemas de salud. Desde entonces, no existen registros verificables sobre su situación.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas cautelares a favor de Quero Navas y su madre, al advertir un riesgo grave para su vida e integridad personal ante la ausencia de información oficial.
Distintas ONG sostienen que este caso no es aislado, sino que forma parte de un patrón de detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas en Venezuela, caracterizado por la falta de transparencia y la negativa estatal a reconocer la custodia de los detenidos.
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