El gremio de abogados en Venezuela presentó un conjunto de 10 exigencias dirigidas al nuevo Fiscal General, en las que solicita cambios en el funcionamiento del sistema de justicia, especialmente en lo relacionado con el ejercicio de la defensa privada y el respeto a las garantías procesales.
El documento fue suscrito por Jesús Vergara, en representación de la Federación de Colegios de Abogados de Venezuela; Mario Torres, por el Colegio de Abogados del estado Zulia; y Víctor Velasco, por la Comisión de Derechos Humanos del gremio en esa entidad.
Entre las principales demandas, los juristas instan al Ministerio Público a adoptar medidas que garanticen el libre ejercicio de la abogacía, así como derogar una resolución emitida durante la gestión del exfiscal Tarek William Saab, la cual —según señalan— estigmatiza y limita el desempeño de los abogados en los despachos fiscales.
Asimismo, solicitan que los cuerpos policiales y militares, junto con las autoridades penitenciarias, informen de manera oportuna a familiares y abogados sobre el estado de salud y la situación procesal de las personas detenidas. También piden que se reconozca el derecho a realizar llamadas telefónicas periódicas y a recibir visitas.
El gremio plantea además la necesidad de restablecer procedimientos que permitan a los detenidos designar libremente a sus abogados defensores, así como garantizar que sus familiares puedan hacerlo en caso de impedimentos. En este sentido, rechazan la imposición de defensores públicos y cualquier condicionamiento que obligue a revocar la defensa privada para acceder a beneficios procesales.
En materia de derechos humanos, los abogados exhortan al Fiscal General a promover gestiones jurídicas y humanitarias en favor de los denominados presos políticos, incluyendo la posibilidad de amnistías o la revisión de decisiones que las hayan negado.
El documento también aborda la aplicación de la Ley de Amnistía, proponiendo que se interprete de forma favorable al acusado y que se extienda a hechos ocurridos entre 2023 y 2025. Igualmente, sugieren que en casos donde existan delitos excluidos, se permita el sobreseimiento de aquellos que sí puedan ser beneficiados.
Finalmente, el gremio exige que los solicitantes de amnistía sean debidamente notificados sobre las decisiones judiciales y que no se establezcan límites temporales a la vigencia de la ley ni al funcionamiento de la comisión encargada de su seguimiento.
Hasta el momento, no se ha producido una respuesta oficial por parte del Ministerio Público sobre estas solicitudes.