Alertan sobre el impacto en las familias de los reclusos, que ahora deben trasladarse largas distancias para poder visitarlos, asumiendo costos de transporte, alimentación y estadía, además de cubrir insumos básicos que, según la organización, el sistema penitenciario no garantiza
El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) denunció que más de 600 personas privadas de libertad fueron trasladadas “arbitrariamente” desde el Centro Penitenciario Yare III hacia distintos recintos en los estados Aragua, Carabobo, Guárico y Lara, lo que calificó como una maniobra destinada a “borrar evidencias y obstaculizar cualquier investigación”, en referencia a hechos similares ocurridos tras la Masacre de Vista Hermosa.
A ocho días de los hechos violentos registrados el lunes 20 de abril, en el recinto carcelario ubicado en el estado Miranda, la organización señaló mediante sus redes sociales que las cinco muertes registradas permanecen sin esclarecerse. “El silencio del Ministerio de Servicios Penitenciarios persiste”, indicó, al tiempo que cuestionó la actuación del Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo, a quienes acusó de “omitir su deber de actuar, convirtiéndose una vez más en cómplices por acción y omisión”.
El OVP también alertó sobre el impacto en las familias de los reclusos, que ahora deben trasladarse largas distancias para poder visitarlos, asumiendo costos de transporte, alimentación y estadía, además de cubrir insumos básicos que, según la organización, el sistema penitenciario no garantiza.
Asimismo, denunció que hasta el momento no existe un listado oficial de los trasladados. Solo algunos internos han logrado comunicarse con sus familiares para informar su ubicación, mientras que otros permanecen “desaparecidos dentro del sistema penitenciario”, sin que sus allegados conozcan su paradero ni su estado de salud.
La organización advirtió que la opacidad se agrava debido a que los centros de reclusión a los que están siendo enviados presentan altos niveles de hacinamiento, lo que incrementa los riesgos para la integridad y salud de los internos. “Lejos de aliviar la crisis, estas acciones la profundizan, trasladando el problema a recintos ya colapsados”, sostuvo.
En ese sentido, exigió al Ministerio de Servicios Penitenciarios la publicación inmediata de la lista completa de traslados, a fin de garantizar el derecho de los familiares a conocer la ubicación y condición de los privados de libertad.
El OVP indicó que todos estos hechos están siendo documentados y serán consignados ante instancias internacionales. Además, recordó que la población penitenciaria está compuesta en su mayoría por sectores vulnerables. “Los presos sociales son, en su mayoría, los más pobres, invisibles y más vulnerables dentro de la sociedad, y son ellos quienes están pagando con su vida el abandono del sistema. Habrá justicia”, concluyó
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