El gremio alertó sobre la necesidad de que la justicia venezolana asuma los principios de favorabilidad y de afirmación de la libertad, superando la etapa de «gran punibilidad» registrada entre los años 2023 y 2025
La Federación de Colegios de Abogados y el Colegio de Abogados del Zulia, representados por los juristas Jesús Vergara, Mario Torres y Víctor Velasco, exigieron ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía General el cumplimiento irrestricto de la Ley de Amnistía.
Los directivos gremiales denunciaron que la normativa está siendo aplicada de forma selectiva y aclararon que, legalmente, el texto no posee una fecha de vencimiento, por lo que ninguna autoridad administrativa puede limitar su vigencia sin una reforma previa.
El gremio alertó sobre la necesidad de que la justicia venezolana asuma los principios de favorabilidad y de afirmación de la libertad, superando la etapa de «gran punibilidad» registrada entre los años 2023 y 2025. Según la denuncia, este periodo dejó un saldo de más de mil detenidos, entre ellos dirigentes políticos, activistas sociales y ciudadanos comunes sin filiación partidista.
Los abogados hicieron especial énfasis en la situación de periodistas y colegas abogados que permanecen en prisión, exigiendo para ellos la aplicación de la amnistía o, en su defecto, el otorgamiento de medidas humanitarias inmediatas ante la falta de condiciones objetivas para su detención.
La situación del gremio jurídico es particularmente alarmante: los voceros recordaron que en enero de este año se alcanzó un pico de 40 abogados detenidos por el ejercicio de su profesión. Actualmente, persisten 12 abogados zulianos bajo arresto arbitrario, considerados presos de conciencia, a quienes se les ha negado el beneficio de la ley de manera injustificada.
Finalmente, Vergara, Torres y Velasco denunciaron graves vicios procesales en los tribunales, señalando que las solicitudes de amnistía suelen ser negadas sin notificar debidamente a los familiares o solicitantes. Esta práctica, advirtieron, constituye una violación directa a los derechos constitucionales de petición, tutela judicial efectiva y acceso a la justicia, consagrados en la Carta Magna.
Los juristas concluyeron que la plena ejecución de esta ley es una herramienta indispensable para alcanzar la reconciliación nacional y el reencuentro de los venezolanos
Nota de Prensa
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