Redacción de Análisis Económico-Laboral
Mientras las cúpulas empresariales y el Estado se sientan en «mesas técnicas» para discutir la viabilidad de un aumento salarial, en los pasillos de las industrias venezolanas se consuma una de las transferencias de riqueza más silenciosas y agresivas de nuestra historia contemporánea. Bajo el paraguas de una supuesta «emergencia», la Remuneración Vital Mínima se ha convertido en el escudo perfecto para que el sector patronal acumule ganancias a costa del patrimonio futuro de la clase obrera.
La «Camisa de Fuerza»: Una narrativa de conveniencia
Gremios como Fedecámaras han posicionado con éxito la idea de que la retroactividad de las prestaciones sociales (30 días por año al último salario, según el Art. 142 de la LOTTT) es una «camisa de fuerza» que impide mejorar los sueldos. Sin embargo, la realidad económica dictaminada por la teoría de costos es otra: al mantener un Salario Básico (SB) anclado en montos irrisorios (130 Bs.) y pagar el 90.17% de los ingresos mediante bonos sin incidencia, las empresas están reduciendo drásticamente su Costo Laboral Unitario.
Esta estrategia no busca solo «sobrevivir» a la inflación. Busca maximizar el beneficio bruto —la diferencia entre ingresos y costos de producción— eludiendo la reserva legal para pasivos laborales.
El despojo en cifras: ¿Quién se queda con los $9.000?
La proyección matemática es devastadora y no permite ambigüedades. Tomemos el caso real de un trabajador con 31 años de servicio. Bajo el esquema de «bonificación» actual, donde el sueldo base es de apenas $4.51 y el resto se paga como «bonos» o «honorarios», su liquidación final sería de escasos $139.81.
Si se cumpliera el Artículo 104 de la LOTTT, que establece que todo provecho regular y permanente es salario, ese mismo trabajador debería recibir $9.439,81. La diferencia de $9.300 no desapareció por la crisis; se quedó en el flujo de caja de la empresa, financiando una operatividad que la ley ordena costear con capital propio, no con el ahorro forzoso del empleado.
Complicidad estructural y fraude de ley
Resulta plausible y, para muchos, cómplice el silencio empresarial ante el Memorando 2792, una reforma laboral de facto que ha permitido a los patronos simular relaciones laborales bajo figuras de «honorarios» o contratos verbales para ocultar la naturaleza salarial de los pagos. La propuesta de una Ley de Emergencia Salarial por parte de Fedecámaras no es un gesto de buena voluntad; es el intento de legalizar un fraude que ya están cometiendo: pagar por el trabajo presente vaciando el futuro del trabajador.
El veredicto
La justicia laboral no es negociable en una mesa tripartita si el punto de partida es la capitulación de los derechos adquiridos. La productividad de una empresa, fundamento del crecimiento económico, no puede basarse en la obsolescencia humana. Cuando un empresario celebra la «flexibilidad» de no pagar prestaciones, está celebrando la precarización de la vida de quien generó su riqueza.
Es hora de preguntar: ¿Queremos empresas competitivas o empresas que canibalizan el esfuerzo de sus trabajadores para maquillar sus balances? La Constitución, en su Artículo 91, ya dio la respuesta. Solo falta que los actores de este drama dejen de simular que la ley no existe.