En su exposición de motivos, el proyecto compuesto por 13 artículos, desestima el homicidio intencional, la corrupción y el tráfico de drogas. Juan Carlos Apitz, decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la UCV, la califica como un chantaje.
La Asamblea Nacional aprobó este jueves en primera discusión, con el apoyo de la bancada liderada por Henrique Capriles, el proyecto de Ley de Amnistía impulsado por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, que ahora tendría que ser evaluado en un segundo y último debate para su aprobación.
El proyecto, compuesto por 13 artículos, establece las disposiciones generales destinadas a regular el objeto, finalidades y principios de aplicación e interpretación y los hechos sujetos a la amnistía, así como los efectos y procedimientos aplicables para su efectiva implementación.
Organizaciones no gubernamentales, abogados y politólogos especializados en derechos humanos, académicos, activistas e instituciones como la Iglesia católica, rechazaron que la discusión excluyera a sectores sociales.
Durante la presentación del proyecto, el diputado Jorge Arreaza indicó que la Ley de Amnistía no debe ser interpretada como una señal de debilidad ni utilizada para promover agendas ocultas, mezquindades o cálculos políticos parciales.
“Debemos construir confianza y este proyecto tiene la intención de llegar a acuerdos y caminos conjuntos, sobre todo después de tantos capítulos”.
El diputado del PSUV mencionó que este llamado es para todos los sectores políticos, tanto del chavismo como de “las oposiciones”, insistiendo en la necesidad de actuar con sabiduría y conciencia del momento político que vive el país, en respuesta a las demandas del pueblo venezolano.
Arreaza destacó que la ley se sustenta en las facultades constitucionales de la Asamblea Nacional, específicamente en el artículo 187 de la Constitución, y que sus pilares fundamentales son: la libertad, la justicia, el pluralismo político y la preeminencia de los derechos humanos.
Exposición de motivos
El periodista y experto en temas electorales, Eugenio Martínez, explicó en una publicación realizada en X, que la exposición de motivos de la Ley de Amnistía subraya que esta norma pretende consolidar “un marco integral de amnistía” que detalla de manera exhaustiva los hechos y delitos cubiertos, así como aquellos que “según la Constitución deben ser excluidos”.
El especialista menciona que la ley, de acuerdo con su exposición de motivos, busca evitar “la venganza, la revancha ni el odio” y abrir “un camino hacia la reconciliación”, reafirmando los valores del Estado Democrático y Social de Derecho y de Justicia como la vida, libertad, justicia, igualdad, solidaridad, democracia, responsabilidad social y la “preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político”.
La exposición de motivos del proyecto de Ley de Amnistía establece límites claros a su aplicación, sustentados en el mandato constitucional del artículo 29 y en los compromisos internacionales asumidos por el Estado venezolano.
En ese sentido, Martínez aclara que se excluyen expresamente de cualquier beneficio los delitos vinculados con violaciones graves de derechos humanos, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, homicidio intencional, corrupción y tráfico de drogas.
El texto indica que el proyecto está compuesto por 13 artículos. Entre los artículos 1 al 5 se definen el objeto de la ley, sus finalidades, así como los principios que regirán su aplicación e interpretación. Los artículos restantes desarrollan los hechos sujetos a amnistía, junto con los efectos jurídicos de la medida y los procedimientos necesarios para su implementación», aclara.
Para Eugenio Martínez, la exposición de motivos sostiene que la aprobación de esta ley representaría “un paso decisivo hacia el establecimiento de la paz nacional”, al contribuir a la reconciliación política e institucional del país. Asimismo, aclara que la ejecución de la ley no requiere aportes presupuestarios adicionales, dado que su aplicación se realizaría dentro de las competencias ordinarias de los órganos del Poder Público.
Un chantaje político
Juan Carlos Apitz, decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la UCV, expresó un rechazo frontal a la Ley de Amnistía presentada para su primera discusión en la Asamblea Nacional, al considerar que su planteamiento implica un intercambio inaceptable entre justicia e impunidad.
Según Apitz, la ley puede interpretarse como un mensaje de: “Perdonamos a tus presos políticos a cambio de que tú perdones a mis violadores de derechos humanos”, lo que calificó como una forma de chantaje político.
El académico advirtió que no se puede aceptar que la libertad de personas perseguidas por razones políticas sea utilizada como moneda de cambio para otorgar beneficios a responsables de graves violaciones de derechos humanos.
Asimismo, Apitz pidió –sin que lo escucharan- a los miembros de la Asamblea Nacional a no avalar ningún instrumento legal que, a su juicio, implique impunidad para los culpables a cambio de la liberación de inocentes
Más cuestionamientos
Luz Mely Reyes, periodista y analista política, también cuestionó varios elementos del texto de la Ley de Amnistía, señalando que al menos su primer y cuarto párrafo resultan falaces por la forma en que presentan el contexto del conflicto político venezolano.
En primer lugar, criticó que se afirme de manera genérica que el “extremismo ha dejado heridas profundas en la sociedad venezolana” sin precisar qué hechos o actores se incluyen dentro de esa categoría.
La comunicadora planteó interrogantes clave: si ese extremismo alude a los colectivos armados responsables de la muerte de manifestantes, a las detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas, a las acciones de calle y las llamadas guarimbas, al golpe de Estado de 2002 o a la persecución política a través del poder judicial.
Para Reyes, esta ambigüedad diluye responsabilidades y evita una discusión honesta sobre el origen del daño social.
En segundo lugar, cuestionó el uso del concepto de odio dentro del texto legal. Señaló que el odio es un sentimiento, mientras que la venganza y la revancha son comportamientos, por lo que resulta imposible, y autoritario, pretender legislar sobre emociones, del mismo modo en que no se puede legislar sobre el amor. A su juicio, la apelación al “odio” busca descalificar la indignación legítima y el reclamo de justicia de las víctimas, mezclando deliberadamente conceptos distintos.
Reyes advirtió que, si no existe un reconocimiento explícito del daño causado desde el Estado a millones de venezolanos, el objetivo no es la amnistía sino la amnesia, es decir, el olvido impuesto sin verdad ni justicia y aclaró que sus observaciones parten del amor a Venezuela, aunque, agregó, no desde una noción de patriotismo que confunda al país con el gobierno de turno.
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