Una propuesta de reforma a la ley petrolera de Venezuela es suficiente para alentar a las compañías que trabajan en el país a expandirse y a algunos nuevos participantes a comenzar a invertir, pero serían necesarias reformas más profundas para atraer los 100.000 millones de dólares que Estados Unidos dice se requieren para modernizar el sector energético del país, dijeron ejecutivos y abogados extranjeros y locales.
Estados Unidos ha tomado el control de las exportaciones e ingresos petroleros de Venezuela luego de una incursión militar para capturar al presidente Nicolás Maduro a principios de este mes, y un bloqueo naval para detener los envíos de petróleo en buques sancionados desde diciembre.
El petróleo es la principal fuente de ingresos del gobierno venezolano. Washington ha declarado que planea controlar los recursos e ingresos energéticos del país indefinidamente para garantizar que Caracas gobierne de una manera que Estados Unidos considere acorde con sus objetivos de política exterior.
El presidente estadounidense, Donald Trump, está presionando a las compañías petroleras estadounidenses para que inviertan masivamente en la deteriorada industria del país y así revertir décadas de mala gestión y falta de inversión. Para muchos inversionistas, uno de los mayores obstáculos para conseguir capital para Venezuela es un marco legal de larga data que otorga a la petrolera estatal PDVSA el monopolio de la operación de proyectos en el sector de petróleo y gas.
La presidenta interina Delcy Rodríguez propuso una reforma integral a la ley de hidrocarburos la semana pasada. Las autoridades venezolanas la debatieron el lunes con legisladores y ejecutivos petroleros de empresas como la productora estadounidense Chevron y ONGC de la India. Según fuentes cercanas a las conversaciones, se espera su aprobación el martes tras breves consultas.
Chevron no respondió a una solicitud de comentarios. No fue posible contactar inmediatamente a ONGC para que hiciera comentarios fuera del horario laboral.
La reforma daría a los socios de empresas conjuntas de PDVSA más control sobre los proyectos, acceso directo a los ingresos de las ventas de petróleo y condiciones operativas más flexibles.
Los socios actuales, entre los que se incluyen Chevron, junto con empresas europeas, chinas y rusas, llevan años solicitando estos cambios. PDVSA es actualmente accionista mayoritario en más de 40 empresas mixtas, tras una nacionalización hace dos décadas que obligó a muchas empresas a abandonar el país.
La reforma acelerada contribuye en cierta medida a acabar con el monopolio, pero es necesario pulir algunos aspectos vagos de la propuesta, así como algunas cláusulas contradictorias sobre comercio e impuestos, según asociaciones del sector y abogados. De lo contrario, las grandes empresas energéticas internacionales tendrían poco interés en invertir, añadieron.
«Hay que lidiar con lo que hay», dijo Ali Moshiri, director ejecutivo de Amos Global Energy Management, empresa con participación en proyectos energéticos en Venezuela. «No hay otra opción… Si no se hace más atractiva esta industria, todo el progreso que queremos lograr se verá frenado, incluyendo a los operadores actuales».
NUEVO MODELO POR VENIR
Se espera que la reforma formalice un modelo de contrato de producción compartida que Maduro impulsó con poco éxito en los últimos años, permitiendo que alrededor de media docena de empresas operen en algunos campos petroleros venezolanos.
El modelo poco regulado coexistiría con las empresas mixtas actuales, pero los socios minoritarios en éstas ganarían autonomía para manejar su parte de la producción e incluso vender la participación de PDVSA si los precios de venta negociados por ellos exceden los acordados por la empresa estatal y sus clientes.
La reforma permitiría al gobierno, a su discreción, reducir las regalías a tan solo un 15% desde el 33% actual. Esto reduciría la participación del gobierno venezolano —una de las más altas de Latinoamérica—, algo que ejecutivos petroleros de Estados Unidos y otros países han señalado como problemático.
Los cambios también facilitarían el arbitraje independiente para resolver disputas, aunque no está claro si los casos podrían llegar ante tribunales internacionales.
Sin embargo, se necesitarían muchas otras reformas para reducir los impuestos y hacer que el país sea competitivo frente a otros países productores de petróleo, afirmaron seis abogados y ejecutivos. Solicitaron el anonimato debido a la sensibilidad del tema en Venezuela.
Estas medidas deberían incluir una reforma a la ley del impuesto sobre la renta de Venezuela, señalaron. También sería necesario eliminar otras leyes que incluyen una disposición sobre un «impuesto sombra» petrolero que garantice al país no menos del 50% del valor de cada barril producido, señalaron.
El Ministerio de Petróleo de Venezuela tendría precedencia sobre el Congreso y otros ministerios en materia de impuestos y cambios de propiedad para proyectos, lo que algunos ejecutivos, incluido Moshiri, consideraron positivo porque agilizaría la aprobación de proyectos. Otros vieron la medida con cautela, ya que un gobierno entrante podría rechazarla.
Dar a los socios de PDVSA el control financiero y operativo de los proyectos era otra reforma que las empresas internacionales encontrarían atractiva, añadieron los ejecutivos. Esto incluiría cargar y exportar el petróleo que les corresponde y venderlo donde deseen, lo que se conoce como «equitación de capital», algo común en otros países donde operan petroleras internacionales.
«Siempre que la ley permita la extracción de capital, esto sería tan bueno como en cualquier otro lugar, como una empresa conjunta típica», dijo Moshiri. El nuevo modelo de contratos de producción compartida podría ser atractivo para las pequeñas y medianas empresas, según han afirmado él y ejecutivos de empresas venezolanas.
«Esto es suficiente para la transición, hasta que haya un gobierno permanente en Venezuela», dijo Moshiri.
DESAFÍOS PERMANENTES
Sin embargo, algunos abogados han alertado sobre el poder discrecional que la reforma otorga al gobierno. Bajo la reforma, el gobierno no tendría necesidad de consultar con la Asamblea Nacional de Venezuela para aprobar contratos, reducir las regalías o transferir la comercialización de la producción a los socios de PDVSA
«(Esta reforma) tiene como objetivo seguir socavando la capacidad de control de la Asamblea Nacional», afirmó el diputado Henrique Capriles.
«¿Qué hay detrás de esta ley de hidrocarburos? El negocio petrolero no cambiará con una nueva ley», dijo. «El problema más grave que ha enfrentado la industria petrolera, entre muchos otros, ha sido la corrupción».
La reforma no es clara en cuanto a los derechos de los socios de empresas mixtas, según otros expertos. Esto incluye cuestiones importantes como la propiedad del proyecto, la inversión y la comercialización. Tampoco hay nada en las reformas para abordar la crisis estructural de PDVSA, señalaron.
«La regulación de los nuevos contratos petroleros es confusa y ambigua», declaró el abogado José Ignacio Hernández, residente en Boston, en un informe la semana pasada. «Las reformas propuestas no logran fortalecer significativamente el frágil marco regulatorio y, en consecuencia, no ofrecen la seguridad jurídica necesaria para la reconstrucción de la industria petrolera».
El gobierno de Venezuela ha dicho que la reforma aumentará la producción y dará entrada a empresas interesadas en campos inexplorados.
Algunos analistas y ejecutivos de empresas esperan que los mayores productores estadounidenses se mantengan fuera del nuevo modelo de contrato hasta que se redacte una reforma más clara que pueda ser aprobada por sus departamentos legales y asuma el cargo una Asamblea Nacional con una oposición más sólida.
La industria petrolera estadounidense apoyó inicialmente la reforma legal propuesta, pero se mantuvo escéptica sobre su durabilidad a largo plazo, dijeron fuentes en Washington.
bitlyanews
Recuerda seguirnos en nuestra NUEVA CUENTA INSTAGRAM , TIKTOK Y WHATSAPP