Las ONG Justicia, Encuentro y Perdón, y Provea exigieron información sobre el estado del secretario general de la Confederación de Trabajadores de Venezuela
Las ONG venezolanas Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) y Provea denunciaron este miércoles que, tras 50 días de detención, se desconoce el sitio de reclusión de José Elías Torres, secretario general de la principal gremial de trabajadores del país, pese al proceso de excarcelaciones anunciado el pasado 8 de enero.
JEP denunció que el secretario general de la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV) cumplió los 50 días detenido sin que hasta el momento haya “información oficial sobre su paradero, su estado de salud ni los cargos en su contra”.
En ese sentido, consideró que “la falta absoluta de información” sobre su situación es una “grave violación de derechos humanos” y, además, “se ajusta a la definición de desaparición forzosa”.
“Resulta especialmente alarmante que José Elías Torres tenga 74 años de edad y requiera medicación diaria por diversas patologías, lo que incrementa de manera significativa el riesgo para su vida e integridad personal”, añadió la ONG, que recordó que su detención se dio “sin orden judicial”.
Por su parte, Provea recordó que las autoridades deben “garantizar el derecho a la libertad sindical” y aseguró que todos los dirigentes sindicales y trabajadores “detenidos arbitrariamente” deben ser liberados “inmediatamente”.
Ambas organizaciones difundieron un mensaje de Manuel Torres, hijo del líder sindical, quien insistió en que la familia no tiene información sobre la acusación contra el gremialista, ni sus condiciones de encierro.
“Nos ha llegado información de que se ha escuchado a mi padre gritar su nombre cuando se abre la puerta de su celda en El Helicoide. Sin embargo, se nos niega cualquier confirmación oficial”, relató Torres hijo.
Asimismo, recordó que su padre era “uno de los principales participantes” de los diálogos sociales, como parte del Convenio 26 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en los cuales también participa el Gobierno.
El pasado 8 de enero, el presidente del Parlamento, el chavista Jorge Rodríguez, anunció la liberación de “un número importante” de detenidos en el país sudamericano.
Desde entonces, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), que agrupa a la oposición mayoritaria, ha verificado 166 excarcelaciones; mientras que la ONG Foro Penal, que dirige la defensa de estos detenidos, confirmó 143 hasta este lunes.
La PUD contabiliza al menos 946 que permanecen encarcelados, una cifra que Foro Penal estima en 777.
Hasta ahora, las autoridades no han ofrecido detalles de las identidades, cantidad de excarcelados y condiciones de estas medidas.
El presidente del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez; y la presidenta encargada del país, Delcy Rodríguez (Europa Press)
Un Nuevo Tiempo instó al Gobierno a dejar la “opacidad” y publicar datos
En otro orden, el partido opositor venezolano Un Nuevo Tiempo (UNT) instó este miércoles al Gobierno de la mandataria encargada, Delcy Rodríguez, a levantar “las cortinas de la opacidad” en el Estado y publicar datos oficiales, a propósito -señaló – de la “nueva circunstancia política” que vive el país tras la captura de Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores, por parte de Estados Unidos.
En una conferencia de prensa, el vicepresidente de UNT, el diputado Luis Emilio Rondón, dijo que el partido espera que “esta nueva circunstancia política en Venezuela permita ir levantando las cortinas de la opacidad y de la oscuridad en el manejo de la cosa pública”.
“Nosotros aspiramos a que se regrese a las estadísticas públicas del Banco Central de Venezuela, que tengamos acceso a la información y que podamos, en consecuencia, hacer un debate público y transparente no solo en la Asamblea Nacional, sino en la calle”, señaló.
En Venezuela, la ausencia de datos oficiales puede abarcar desde las cifras de inflación, que no se actualizan desde octubre de 2024, hasta la publicación de una gaceta con recientes nombramientos o, incluso, la difusión de una propuesta de ley para ser discutida en el Parlamento.
Este miércoles, Rondón, así como el también diputado opositor Henrique Capriles, dijo que desconoce la propuesta de reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos propuesta por el chavismo y cuya discusión es “muy probable” que empiece este jueves, según el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez.
El pasado lunes, la ONG Transparencia Venezuela exigió a la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, publicar el contrato que dijo haber firmado para que el país exporte por primera vez en su historia gas licuado de petróleo (GLP).
La organización no gubernamental pidió detalles del convenio, anunciado por la mandataria encargada el pasado viernes, para cumplir con “los principios de transparencia y rendición de cuentas que rigen la Constitución nacional”, lo que, expresó, haría “una gran diferencia con el patrón de opacidad que ha regido hasta el momento en el Estado venezolano”.
(Con información de EFE)
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