El Tribunal Supremo de Justicia publicó en su portal oficial la Gaceta Oficial n.° 6.934 Extraordinario, correspondiente al 20 de octubre de 2025, que contiene el Decreto n.° 5.171 mediante el cual se transfiere al Ejecutivo Nacional la administración y aprovechamiento de las estaciones recaudadoras de peajes en todo el país. La medida, dictada en el marco de la emergencia económica, entró en vigencia con su publicación.
El decreto establece que la gestión de los peajes pasa al Servicio Desconcentrado Fondo Nacional de Transporte, adscrito al Ministerio del Poder Popular para el Transporte. La transferencia deberá completarse de manera inmediata y deja sin efecto los actos administrativos previos, incluidas concesiones, contratos y alianzas que otorgaban la administración de estas infraestructuras a otros entes.
La normativa define como bienes objeto de transferencia las instalaciones, equipos tecnológicos y servicios que conforman la infraestructura de los peajes, de acuerdo con lo previsto en la Ley de Transporte Terrestre.
Distribución de los recursos
Los ingresos provenientes de la recaudación se canalizarán a través de cuentas de fideicomiso en la banca nacional y se distribuirán mensualmente de la siguiente manera:
- 50% para el Fondo Nacional de Transporte, destinado a obras mayores de vialidad, mantenimiento y desarrollo de infraestructura.
- 25% para el Fondo Especial Ciudad Humana, bajo la Presidencia, para proyectos de rehabilitación, conservación y saneamiento de obras públicas.
- 25% para las gobernaciones, con el fin de ejecutar mantenimiento rutinario en troncales y vías locales.
Derogaciones y efectos
El decreto deroga disposiciones previas que regulaban la participación de las gobernaciones y otras autoridades en la administración de peajes, incluyendo el artículo 8 del Decreto n.° 5.112 de marzo de 2025 y la resolución conjunta de agosto de 2022 sobre normas de funcionamiento.
La nueva regulación implica una reducción de los ingresos percibidos por las gobernaciones y una redistribución de competencias en materia de vialidad terrestre. Asimismo, revoca las concesiones y contratos vigentes relacionados con la administración de peajes.
La responsabilidad de implementar la medida recae en el Ministerio del Poder Popular para el Transporte, que podrá crear comisiones ministeriales para garantizar la transferencia efectiva. Todo lo no previsto en el decreto será resuelto por el Ejecutivo Nacional a través de dicho ministerio.
NAM/Finanzas Digital
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