La decisión del juez Leonard Stark de autorizar la venta de acciones de PDV Holding a una filial de Elliott Investment Management por 5.900 millones de dólares, aceptando la oferta de Amber Energy, representa el paso definitivo para saldar deudas con hasta 15 acreedores. Sin embargo, para Ramírez López, la noticia es la confirmación de que se ignoraron los vicios legales que contaminaron el caso desde su origen.
El proceso judicial para la venta de Citgo, el activo más valioso de Venezuela en el exterior, ha culminado con un fallo que, según el análisis del experto en derecho procesal y constitucional Carlos Ramírez López, consagra una cadena de irregularidades que privan a la República de una defensa legítima.
La decisión del juez Leonard Stark de autorizar la venta de acciones de PDV Holding a una filial de Elliott Investment Management por 5.900 millones de dólares, aceptando la oferta de Amber Energy, representa el paso definitivo para saldar deudas con hasta 15 acreedores. Sin embargo, para Ramírez López, la noticia es la confirmación de que se ignoraron los vicios legales que contaminaron el caso desde su origen.
Dr. Ramírez López, entrevistado en el programa Apunto, se centra en la ilegitimidad de la defensa venezolana en el tribunal de arbitraje internacional (CIADI), donde se originaron las sentencias por las expropiaciones de Chávez.
Según el experto, la representación del Estado recayó sobre un funcionario que no fue nombrado conforme a la Constitución. Este vicio de origen debió ser la «bala de plata» –la defensa definitiva— para anular todo el proceso que ha llevado a la venta de Citgo. Al no ser utilizada por la directiva de la empresa ni por el procurador del interinato, la República perdió la única oportunidad de invalidar las sentencias en tribunales estadounidenses.
El juez Stark basó su fallo en la figura del «Alter Ego» (otro yo), determinando que Citgo era responsable por las deudas de Venezuela. Ramírez López ha señalado que esta decisión fue facilitada por las acciones del interinato, que usó el dinero de Citgo, dándole al juez el argumento de que la empresa no actuaba con autonomía.
A este error se sumó un conflicto de intereses evidente: el abogado que había sido nombrado procurador del interinato había trabajado previamente para las demandantes, asesorándolas sobre la aplicación de la teoría del «Alter Ego» que luego el juez adoptó. Para Ramírez López, esta situación impidió una defensa efectiva y la impugnación de este crucial argumento.
Denuncias de Corrupción y Precio Irrisorio
El experto eleva las denuncias a la esfera penal, indicando que el proceso está salpicado de presuntas irregularidades y hechos delictivos:
- Fraude Judicial: La existencia de adelantos millonarios realizados por el ex procurador chavista a empresas como Crystallex, que luego demandaron el cobro total sin reportar dichos pagos, sugiere un fraude.
- Irregularidades en la Subasta: La aprobación de los 5.900 millones de dólares como precio justo es cuestionada, y se ha señalado al funcionario judicial a cargo del remate, de apellido Pincus, por presuntamente recibir un soborno de 140 millones de dólares para favorecer una oferta.
Ramírez López concluye que, ante la falta de transparencia y la negligencia en la defensa legal, la única esperanza para revertir la venta de Citgo ya no reside en los tribunales de apelación, sino en una investigación penal exhaustiva en Estados Unidos o una decisión ejecutiva de naturaleza política.
La venta, que se espera completar el próximo año tras la aprobación de los reguladores estadounidenses y el Departamento del Tesoro, marca el cierre de un capítulo que Ramírez López define como un despojo facilitado por una cadena de errores y omisiones a ambos lados del espectro político venezolano.
Aquí puedes ver la entrevista completa:
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