Miriam Fernández Ruiz, de 72 años; Miguel Ángel Guillén Ibarra, de 17; Chantal Niulany Guillén, de 21; y la bebé Nicole de Los Ángeles Palermo fueron detenidas en Carabobo. Desde entonces, las autoridades no comparten información sobre el paradero de los cuatro familiares. Diferentes ONG defensoras de los derechos humanos exigen su liberación y la intervención de organismos internacionales
Organizaciones de derechos humanos denunciaron este sábado la detención de cuatro miembros de la familia Guillén, entre ellos una niña de apenas dos años, en hechos ocurridos entre el 4 y el 5 de septiembre en el estado Carabobo.
El Comité por la Libertad de los Presos Políticos de Venezuela (Clippve) alertó que se desconoce el paradero de Miriam Fernández Ruiz, de 72 años; Miguel Ángel Guillén Ibarra, de 17; Chantal Niulany Guillén, de 21; y la bebé Nicole de Los Ángeles Palermo.
De acuerdo con familiares y testigos, el 4 de septiembre funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) irrumpieron sin orden judicial en la residencia de la familia, ubicada en la zona de Paso Real, y se llevaron detenidos a Fernández y a su nieto Miguel Ángel.
Al día siguiente, el joven habría sido obligado a llamar a su hermana Chantal para que acudiera a la sede policial de La Esmeralda, presuntamente para consignar información que permitiría su liberación. Sin embargo, Chantal se presentó junto a su hija Nicole y ambas también fueron retenidas sin explicación.
Desde entonces, las autoridades no comparten información sobre el paradero de los cuatro familiares, impidiendo el contacto con abogados y parientes, según denuncia la ONG.
El caso genera indignación entre activistas y ONG. Clippve calificó la situación como “una violación aberrante” y denunció la aplicación de prácticas de «Sippenhaft», un método de persecución política que castiga a familiares de presuntos opositores para sembrar miedo en la sociedad.
La organización exigió la liberación inmediata e incondicional de las víctimas y solicitó la intervención de organismos internacionales, entre ellos Naciones Unidas y Unicef, por la presencia de una menor de edad entre los desaparecidos.
Por su parte, la ONG Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) expresó “profunda indignación” y advirtió sobre el riesgo que enfrenta la bebé de dos años, cuya retención calificó como “alarmante e inadmisible”.
“Ningún niño debe encontrarse en medio de una situación tan nefasta. Esta acción contraviene los estándares internacionales de protección de la infancia”, señaló la organización en un comunicado.
El partido opositor Vente Venezuela también se pronunció, acusando al gobierno de Nicolás Maduro de “terrorismo de Estado” y responsabilizando a las autoridades por la integridad de los detenidos.
“Secuestrar a una niña de dos años es un acto de cobardía que demuestra el miedo que sienten ante una salida inminente del poder”, expresó la organización.
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