A confesión de partes relevo de pruebas sentencia la máxima jurídica cuando el acusado reconoce su falta.
En este caso, en el contexto del proceso electoral más viciado y bochornoso de nuestra historia republicana, que se haya conocido en más de medio siglo de participación electoral donde se han cometido toda suerte de desaguisados y abusos del poder ejecutivo, pero jamás al nivel que hemos presenciado en 2020 con estas elecciones a la Asamblea Nacional 2020, en medio de una pandemia, de una crisis económica sin precedentes y un éxodo de 6 millones de venezolanos.
La ristra de arbitrariedades se inició con la designación de un CNE en agosto pasado por el bufete jurídico del régimen representado en el TSJ, quien desconoció a la Asamblea Nacional organismo competente como lo reza la Carta Magna para seleccionar los integrantes del máximo órgano electoral, integrado como ha sido la tradición en este siglo XXI por una mayoría de militantes y afectos al oficialismo. El resultado era predecible, y es que desde su nombramiento no ha encontrado ningún vicio, ni abuso alguno en una campaña rocambolesca orientada a entregarle a capricho un cuerpo legislativo al régimen dictatorial.
Para muestra las cadenas presidenciales donde se promociona sin cortapisas los candidatos del Polo Patriótico gubernamental, se anuncian premios como feria popular a las 100 comunidades que más votos registren para la turba de diputados oficialistas, mediante el seguimiento de las UBCH, suerte de colectivos que obedecen los diktats del mandatario.
Es tal la caricatura del acto dictatorial señalado por la comunidad internacional, al censurar el abuso de poder expresado en la suspensión de los partidos políticos opositores, cuya minusvalía facilitó que el régimen reconociera a una seguidilla de partidillos, como comparsas del carnaval orquestado por el Ejecutivo y el TSJ oficialista y al excluir a las etnias indígenas del voto universal a cambio de asambleas tumultuarias que designarán sus representantes, marcando un retroceso a lo establecido en la CRBV.
Ahora bien, el súmmum o esencia de las torvas intenciones del régimen lo expresó el pasado 30 de noviembre el gerifalte del Furrial, quien manifestara palabras más, palabras menos “El que no vota, no come. Para el que no vote, no hay comida. El que no vote, no come, se le aplica una cuarentena ahí sin comer”. Que resume la actitud de burla y desprecio por parte de un sinnúmero de aspirantes a legisladores, quienes basaron su campaña repartiendo mortadelas, presas de pollo, acciones humillantes ante las precarias condiciones de vida y de hambruna que sufre la población.
No necesitamos mucha imaginación para conocer cuál será la conducta de una Asamblea Nacional en manos del oficialismo, la conducta de la fraudulenta Asamblea Constituyente de 2017 que aprobó todas las exigencias del Ejecutivo Nacional sin medias tintas, sin debate, ni disensos, demostrada en la marea de manos alzadas que vilipendiaron las tradiciones democráticas de nuestra historia.
Por tanto, las alertas emanadas de la Conferencia Episcopal en torno a los riesgos de la imposición de un vertical estado comunal, no son una mera presunción, al plantear igualmente que urge “una solución justa, pacífica, democrática, y acordada entre todos los venezolanos, a la crisis multiforme que afecta a Venezuela”.
Es obvio que el régimen cree tener todo a su favor para imponer su anhelado secuestro de la nación, vana pretensión, ya que el fraude del 6-D fraguado para dotarse de una Asamblea Nacional será un episodio más, similar a la agónica ANC, a las presidenciales de 2018, a las elecciones de gobernadores y alcaldes 2017, que en nada contribuyeron a la reconciliación nacional, por el contrario, han llevado al país al abismo en el que nos encontramos y padecemos.
Froilan Barrios/Movimiento Laborista