«Las sanciones continúan porque el problema de Venezuela es Maduro, no nuestras sanciones, y esto lo hemos dicho alto y claro», así lo planteó este miércoles 18 de noviembre el subsecretario de la Oficina de Recursos Energéticos del Departamento de Estado de Estados Unidos, Francis R. Fannon.
El funcionario explicó que trabajó en una parte del paquete de sanciones contra el Gobierno de Venezuela y que las medidas contra la empresa Petróleos de Venezuela (Pdvsa), “fueron en parte porque el régimen de Maduro ha utilizado los ingresos del petróleo para financiar su propia cleptocracia y otras malintencionadas actividades en la región”.
“Lamentablemente Maduro con su comportamiento y el comportamiento del régimen lo que han buscado es destruir lo que había sido uno de los ejemplos brillantes de lo que es una compañía estatal, Pdvsa, pero él ha destruido esta compañía”, aseguró.
Las declaraciones del funcionario se producen en medio del debate sobre los efectos nocivos de las sanciones contra la economía venezolana, un impacto que cada vez gana más adeptos, así como que el origen del crash económico venezolano es responsabilidad de las políticas del Ejecutivo.
De hecho, el último informe de la Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos estima que las sanciones «sí están generando repercusiones importantes» en su economía, «trayendo como consecuencia una pérdida importante de bienestar en la población».
«Luego de tres años, los resultados son bastante mediocres (…) la crisis ha empeorado y no se ha logrado el cambio político», señala el texto, tras remarcar que las sanciones no iniciaron la recesión económica ni el colapso financiero en el país pero sí han profundizado el deterioro en la calidad de vida de los venezolanos.
La investigación dice que las primeras sanciones financieras al país por parte de Estados Unidos se produjeron en agosto de 2017, cuando Washington prohibió las negociaciones sobre nuevas emisiones de deuda y bonos del Gobierno, de Pdvsa, así como los de la deuda pública externa.
En esa ocasión, cuando las sanciones dejaron de ser personales y se volcaron directamente a la nación, también se prohibió el pago de dividendos al Gobierno de Venezuela por parte de empresas venezolanas radicadas en EE UU, como la filial petrolera Citgo.
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