El 20 de enero de 2025, el entonces presidente Donald Trump firmó la orden ejecutiva 14159, la cual introduce nuevas y estrictas directrices en materia migratoria. Estas regulaciones, que entrarán en vigencia el 11 de abril de 2025, refuerzan las políticas existentes y establecen sanciones más severas para quienes permanezcan en el país sin documentación adecuada.
Una de las principales disposiciones del nuevo marco legal es la obligación de registro para ciertos inmigrantes indocumentados. A partir de la fecha indicada, todo ciudadano extranjero mayor de 14 años que haya permanecido más de 30 días en Estados Unidos deberá inscribirse ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), completando el Formulario G-325R y participando en un proceso de toma de huellas dactilares.
El procedimiento de registro iniciará con la creación de una cuenta en línea en el portal del USCIS. A través de esta plataforma, los inmigrantes deberán llenar el formulario con información personal y de contacto. Posteriormente, el sistema asignará una cita en uno de los centros de atención para realizar la toma de huellas, fotografía y firma.
Tras el cumplimiento de estos pasos, el gobierno federal procederá a realizar una verificación de antecedentes, incluyendo la revisión de historiales penales. Una vez completado el proceso, el USCIS emitirá un “Comprobante de Registro de Extranjero”, documento que será obligatorio para todos los inmigrantes que permanezcan en el país por más de 30 días, sin importar su estatus legal.
Existen excepciones para algunos grupos. No estarán obligados a registrarse quienes ya hayan cumplido con este proceso al ingresar a Estados Unidos, así como solicitantes de residencia permanente, TPS, DACA, refugio, asilo o quienes hayan ingresado bajo permiso humanitario (“parole”), según informó el Centro Nacional de Leyes de Inmigración (NILC).
En contraste, los inmigrantes indocumentados o aquellos que ingresan con frecuencia, como algunos ciudadanos canadienses sin procesos formales, sí deberán cumplir con esta normativa. La omisión del registro puede conllevar sanciones como multas, arresto o incluso deportación.
Otra medida relevante es la obligación de portar en todo momento un documento oficial que acredite el estatus migratorio del portador. A diferencia de normativas previas, no se aceptarán identificaciones estatales como licencias de conducir. El incumplimiento puede acarrear multas de hasta 5.000 dólares y hasta 30 días de detención preventiva.
La normativa también establece que cualquier cambio de dirección deberá ser notificado al USCIS en un plazo no mayor a 10 días. Esta notificación debe realizarse a través de un formulario en línea, y su omisión podría afectar futuras solicitudes migratorias o procesos de regularización.
Organizaciones como el NILC han advertido sobre los riesgos que podrían derivarse de esta nueva normativa. Señalan que sistemas de registro similares han sido usados en el pasado para identificar y deportar a comunidades vulnerables, por lo que recomiendan buscar asesoría legal antes de iniciar el proceso.
