El Comisionado Presidencial para los DDHH y Atención a las Víctimas, Humberto Prado presentó el Plan Nacional de DDHH, en conjunto con la Diputada Sandra Flores, la Unidad Académica de Estudios e Investigación Social (Unaesis) del estado Barinas y un equipo de Trabajo de la Coordinación de Litigio y Relaciones Internacionales de la Comisión Presidencial, todo ello con la finalidad de conocer las opiniones de todos los sectores de la sociedad.
“El plan que tiene cinco componentes. Igualdad y no discriminación; uno sobre componente de institucionalidad; seguridad y la justicia; el tercero es sobre justicia y reparación; el cuarto con los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA) y un quinto componente que tiene que ver con la cultura cívica en educación y materia de DD.HH.”, explicó el Comisionado.
Por su parte, la coordinación de Litigio Internacional de la Comisión, detalló que el plan es una práctica internacionalmente reconocida, que los Estados implementan, para sistematizar las políticas públicas que debe desarrollar en un determinado plazo. “Normalmente asociado al tiempo que dura un mandato presidencial, para el cumplimiento y garantía de todas sus obligaciones en materia de DDHH”.
A mediados del 2019, el Presidente (E) de Venezuela, Juan Guaidó, presentó junto con la Asamblea Nacional el “Plan País”, una iniciativa cuyo eje principal es reactivar la economía de Venezuela por medio de una serie de reformas profundas. Sin embargo, el documento no contenía un capítulo propio para DDHH, por lo cual nace la Comisión Presidencial para los DDHH, a fin de sumar esfuerzos y diagnosticar todo lo que ocurre en Venezuela en cuanto a DDHH.
Ante esto, especificaron que el componente de justicia e institucionalidad, buscará resolver el tema del desarme de grupos irregulares, los valores democráticos de la Fuerza Armada y el respeto a la ley. También trabajaría temas de seguridad pública, violencia institucional, integridad de los privados de libertad, acceso a la justicia y garantías del debido proceso.
La igualdad y no discriminación estarán destinados a la protección de los más vulnerables y el acceso a sus derechos, la capacitación de funcionarios públicos en materia de no discriminación a las minorías, el ajuste de la legislación interna en materia de minorías sexuales (LGBTI) y la emisión de un reglamento para la ley orgánica para el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.
Consideraron, la eliminación de todo proyecto realizado en tierras indígenas sin consulta previa. “Las poblaciones indígenas han perdido la propiedad colectiva de los territorios ancestrales, donde han realizado un sinfín de actividades ilegales en territorios como el Arco Minero, que resultan en una vulneración a los derechos de los indígenas, exponen a las mujeres y niñas a la trata y tráfico sexual y amenazan el derecho a un medio ambiente sano”, expuso la coordinación.
En referencia a los grupos vulnerables, plantearon la fijación de una pensión a los adultos mayores mediante un sistema de seguridad social más justo, el acondicionamiento de áreas para personas con discapacidad, fortalecer el sistema de responsabilidad penal juvenil acorde a estándares de los derechos internacionales y la modificación de la legislación en cuanto a la adopción.
Los juristas hicieron especial énfasis, en colocar ante la palestra pública un debate democrático y ciudadano de caras a una eventual modificación de los supuestos legales por los cuales se permite el aborto. Esto surge como una iniciativa que vislumbra la realidad regional y las nuevas tendencias del derecho interamericano de los DD.HH, donde existe una deuda pública en favor de las mujeres y sus derechos sexuales y reproductivos. Todo ello, sin embargo, debe necesariamente pasar por un proceso de consenso social, por lo que al final la teleología del Plan es que estos temas finalmente se discutan.
En cuanto a la educación, establecieron que es trascendental una provisión de comida, uniformes y útiles escolares, al igual que un plan de conectividad para escuelas rurales, instalar áreas de educación públicas e inclusivas con diferentes niveles para niños con discapacidad, la renovación de programas de becas a universidades en el extranjero y la promoción de escuelas privadas a bajos costos.
Respecto al trabajo y la seguridad social, creen necesaria la fijación de un salario mínimo digno en consulta de las relaciones sindicales, tal como indica el convenio 26 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
La Comisión propuso incentivar la inversión privada en distintos ámbitos económicos, la suspensión de toda actividad ilegal de minería, para organizar un protocolo de recuperación de las zonas afectadas, también invertir en energía sostenible y el mantenimiento y restablecimiento de los servicios básicos (agua, gas y electricidad).
En el Componente III, el equipo de Litigio explicó la necesidad de generar estudios comparados sobre experiencias transicionales, siendo que el Plan en este aspecto busca tener un enfoque exploratorio, ya que las condiciones de una transición no deben ser fijadas, al menos no solamente, por la Comisión Presidencial. No obstante, aseguraron que con ello se busca la reconciliación nacional a través de una Comisión de la Verdad que fije hechos respecto de violaciones de los últimos años. Comentaron que, se basaron en experiencias comparadas latinoamericanas, así como la de otros países como Sri Lanka, Timor Oriental e Islas Salomón.
El Plan de DDHH ha considerado una etapa de “Consulta Ciudadana Previa” en la que han mantenidos 16 reuniones con más de 49 organizaciones en la que han comentado, sugerido y criticado constructivamente el documento para que “la ciudadanía lo haga suyo”, asimismo, aseguraron que próximamente estrenara una página web llamada “Trelo” para que los distintos sectores del país pueden informarse sobre todo lo concerniente al plan y enviar sus observaciones.
Finalmente acotaron que, aunque hay medidas que pueden ser tomadas a corto plazo, la mayoría sería aplicable una vez se consiga un gobierno de transición y una vez implementado se realizaría un proceso de seguimiento mediante un informe público en el que los venezolanos daría su valoración.
