Esta decisión forma parte de un conjunto de medidas que funcionarios de la Casa Blanca han descrito como una estrategia. El plan de Biden incluye tres acciones clave. Fue durante el primer mandato de Trump cuando se activó esta disposición
La Administración de Joe Biden, a tan solo una semana de su salida, ha anunciado de forma inesperada e insólita la retirada unilateral de Cuba de la lista de Estados patrocinadores del terrorismo.
Esta decisión, a una semana de la jura de Donald Trump, forma parte de un conjunto de medidas que funcionarios de la Casa Blanca han descrito como una estrategia para «aliviar las tensiones con Cuba y apoyar al pueblo cubano». Fue Trump quien volvió a incorporar a Cuba en esa lista tras una breve fase de concesiones de Barack Obama, reseñó ABC.
El plan de Biden incluye tres acciones clave. En primer lugar, el presidente notificará al Congreso que, tras una evaluación exhaustiva, no existen pruebas suficientes para mantener a Cuba en la lista de promotores del terrorismo, un gesto que busca restaurar cierta normalidad en las relaciones bilaterales. En segundo lugar, se elimina la llamada «lista restringida», que limitaba las transacciones financieras con determinadas entidades cubanas, lo que permitirá mayor flexibilidad en las relaciones económicas tanto formales como informales.
Por último, se suspende el Título III de la Ley Helms-Burton, una medida especialmente controvertida. Esta suspensión implica congelar temporalmente las demandas en tribunales estadounidenses relacionadas con propiedades confiscadas en Cuba, un punto que ha generado tensiones con empresas extranjeras, particularmente españolas, que hacen negocios en la isla.
Fue durante el primer mandato de Trump cuando se activó esta disposición, lo que permitió que dichas demandas prosperaran, afectando intereses empresariales internacionales. Esa medida, ahora suspendida, tuvo un impacto significativo en la empresa española Meliá, por su operación de hoteles en propiedades confiscadas en Cuba tras la Revolución de 1959.
El régimen que controla Cuba, en coordinación con la Iglesia Católica, está participando en un diálogo que podría llegar a facilitar la liberación de un número significativo de prisioneros políticos, incluidos aquellos detenidos tras las protestas de julio de 2021, según la Casa Blanca. Sin embargo, no se ha mencionado una garantía explícita por parte del gobierno cubano sobre la liberación de estos prisioneros ni un marco temporal definido para que ocurra, lo que convierte esta decisión en un gesto de buena voluntad sin compromisos adquiridos en La Habana.
La administración Biden confía en que las medidas tomadas contribuirán a este objetivo, pero reconoce que la liberación dependerá del progreso del diálogo con la Iglesia. Las protestas en Cuba de julio de 2021, conocidas como el 11-J, fueron manifestaciones masivas contra el gobierno cubano, motivadas por la escasez de alimentos y medicinas, la crisis económica y las restricciones a las libertades civiles. Según la organización Justicia 11J, 1.586 personas fueron detenidas durante estas protestas. A diciembre de 2024, 554 de estos manifestantes permanecían en prisión.
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