Las Organizaciones no Gubernamentales están obligadas a notificar los financiamientos recibidos con el fin de “asegurar la legitimidad” de los fondos, además de declarar las donaciones con plena identificación de los donantes. Con su publicación en Gaceta Oficial, entra en vigencia de inmediato
El Gobierno nacional publicó en Gaceta Oficial Extraordinaria N° 6.855 la Ley de Fiscalización, Regularización y Financiamiento de las ONG y Organizaciones Sociales, previamente aprobada el 15 de agosto.
La ley establece «un sistema uniforme» para la «creación, registro, organización, funcionamiento, administración y desarrollo» de las ONG, así como «para garantizar la transparencia en su manejo económico y financiero, incluyendo las fuentes de su financiamiento».
El texto no aclara qué sucede si una ONG recibe financiamiento internacional y obliga a las organizaciones a notificar «sobre el financiamiento o donaciones que serán recibidas a los fines de asegurar la licitud de los fondos».
La norma advierte que las ONG deben aclarar en sus estatutos «la manera en la que contribuyen al desarrollo económico y social» y «si su financiamiento está previsto que sea a través de factores extranjeros», para lo cual deben «registrar periódicamente sus fuentes de financiamiento ante la autoridad competente».
La gaceta tiene fecha del 15 de noviembre, pero se hizo pública el martes 3 de diciembre, por parte del Ministerio de Comunicación e Información. La ley, a su vez, fue aprobada el 15 de agosto y prohíbe a las ONG recibir o entregar aportes económicos a formaciones políticas.
Asimismo, señala que están obligadas a notificar los financiamientos recibidos con el fin de “asegurar la legitimidad” de los fondos, además de declarar las donaciones con plena identificación de los donantes. Con su publicación en Gaceta Oficial, entra en vigencia de inmediato.
La misma, ha sido rechazada por el coordinador general del Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea), Óscar Murillo, quien aseguró que es una confirmación de la estrategia del chavismo para acelerar el proceso hacia un modelo totalitario.
“Como afirmamos en el día de su aprobación, esta ley formaliza la persecución a las organizaciones de la sociedad civil venezolana y su aprobación responde a la naturaleza de un Gobierno que busca controlar hasta el más mínimo ámbito de la vida de las personas y del país”, denunció Murillo a través de la red social X.
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