Interpol recordó este viernes que las reglas de la agencia policial internacional prohíben que sus mecanismos sean utilizados por razones políticas y no quiso comentar la demanda recibida de Venezuela para que se lanzara una «alerta roja» contra Edmundo González Urrutia.
Preguntado este viernes sobe esa solicitud del fiscal general de Venezuela del pasado 24 de octubre contra González Urrutia, de la que informa el diario «El Tiempo» de Bogotá, un portavoz de Interpol respondió que no podía comentar «casos individuales».
No obstante, el portavoz también añadió que el artículo 3 de la constitución de la organización «prohíbe cualquier uso de nuestro sistema por razones políticas».
El fiscal general pidió que Interpol emitiera una «alerta roja» contra el que fue el rival de Nicolas Maduro en las elecciones presidenciales de Venezuela del 28 de julio, que se encuentra exiliado en España desde comienzos de septiembre tras un acuerdo con el Gobierno de Venezuela en la embajada española y salir de Caracas.
Según la información que publica «El Tiempo», la solicitud se hace por los delitos de conspiración, usurpación a la identidad, forjamiento de documentos.
El diario afirma que los delitos que la justicia venezolana le imputa a González son usurpación de funciones, forjamiento de documento público, instigación a la desobediencia de las leyes, conspiración, desconocimiento a las instituciones del Estado, complicidad en el uso de actos violentos contra la paz, difusión de información falsa desconociendo los resultados electorales, sabotaje o daños al sistema, asociación, legitimación de capitales.
El sistema de las «alertas rojas» de la agencia policial internacional es una forma de comunicar informaciones sobre personas a las que busca la Justicia de un país al resto de miembros para que sean detenidas si son identificadas.
Una parte de esas notificaciones son públicas y se pueden consultar en la página web de Interpol, pero hay otras que por razones de confidencialidad o para que puedan ser más efectivas únicamente transitan por las vías de transmisión internas a las que tienen acceso los servicios policiales de los 196 países miembros.
La organización somete a un filtro las demandas que le llegan de las autoridades de esos países, en particular para detectar aquéllas que pueden encubrir algún tipo de persecución política o violaciones de los derechos humanos.
NAM/Agencias
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