Este martes, 8 de octubre, la Sala Plena del Consejo Nacional Electoral (CNE), votó la ponencia que pide formular pliego de cargos contra Gustavo Petro, en calidad de candidato presidencial, Ricardo Roa y otros miembros de la campaña Petro Presidente 2022-2026.
Los magistrados investigadores Benjamín Ortiz (Liberal) y Álvaro Hernán Prada (Centro Democrático) radicaron desde mayo la ponencia de investigación por la presunta violación de topes electorales en una cuantía superior a los de 5.355 millones de pesos, conducta que desde 2017, tiene efectos penales.
Tras un par de aplazamientos por rotación del expediente y en medio de un recurso que presentó la defensa del hoy presidente Gustavo Petro, la mañana de este martes la sala plena del CNE acaba de votar la ponencia con 6 votos a favor.
EL TIEMPO estableció en primicia que los magistrados César Lorduy (Cambio Radical), Maritza Martínez (partido de la U), Alfonso Campo (Partido Conservador), Cristian Ricardo Quiroz ( Alianza Verde), Benjamín Ortiz (Liberal) y Álvaro Hernán Prada (Centro Democrático), acaban de aprobar la ponencia en donde se pide apertura de investigación y formulación de pliego de cargos.
Además de Roa Barragán, como gerente de la campaña, y del presidente Gustavo Petro, en calidad de candidato, la investigación administrativa incluye a María Lucy Soto Caro, en calidad de tesorera de la campaña y a Juan Carlos Lemus Gómez, como auditor. También a los partidos Movimiento Político, Colombia Humana y Unión Patriótica.
Las cifras
Tal como lo había revelado EL TIEMPO, en los libros contables no aparecen 500 millones de pesos que obedecen al aporte de la Federación de Trabajadores de la Educación (Fecode), que la Colombia Humana ha dicho que se redireccionó a sus arcas.
En las cuentas de los magistrados investigadores también se contabiliza un préstamo hecho por el Polo Democrático por otros 500 millones de pesos.
A esa cuenta le están sumando, además, el pago a testigos electorales por un valor de 931’290.000 pesos. Sobre este punto, la defensa de la campaña ha sido enfática en que esos pagos no se deberían considerar como gastos electorales por ser posteriores.
El no registro de propaganda electoral es otro de los acápites de la investigación. En este punto se habla de haber omitido cuentas por 356’102.000 pesos.
Sadi y la USO
En la suma hay otros gastos menores, pero uno de los de mayor cuantía está relacionado con pago de servicio de transporte aéreo vinculado con la empresa Sociedad Aérea de Ibagué (Sadi SAS) por 1.249 millones de pesos. Esta firma está vinculada a Carlos Restrepo, ‘Caco’, el piloto que, tal como lo reveló EL TIEMPO, se entregó en Estados Unidos por narcotráfico.
También se menciona un aporte del poderoso sindicato de la USO. Pero, al contrario de lo que se ha venido indicando, se habla de 121 millones de pesos y no de 1.030 millones de pesos, como lo aprobó el acta de ese sindicato.
Además, aparece el alquiler del coliseo Movistar Arena para la celebración de la victoria, que costó 250 millones y solo reportaron 100 millones de pesos.
A través de redes el presidente Gustavo Petro se pronunció sobre el archivo de la investigación por publicidad anticipada en el evento en Barranquilla en el que apareció el entonces candidato en una tarima en forma de ‘P’ y de paso habló sobre la investigación en la que se le formularon cargos: «(…) De esta misma manera está hecha la nueva ponencia, acusando a nuestra campaña de hechos falsos: sumando gastos de hechos por fuera de la campaña, trastocando permisos de vuelo por horas de vuelo que es muy diferente, transformando aportes de sindicatos a partidos como si fueran a campañas, sumando facturas de dos fases diferentes legalmente de la campaña para hacer sobrepasar los topes en una fase».
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