La instancia creada por el Consejo de Derechos Humanos para hacer un seguimiento y documentar las violaciones de los derechos fundamentales en Venezuela presentó su último informe en una rueda de prensa, en la que confirmó que los abusos se han intensificado desde las elecciones presidenciales del 28 de julio con el fin de silenciar cualquier crítica y duda de que el presidente Nicolás Maduro fue el ganador.
La experta en derechos humanos y miembro de la Misión, Patricia Tappata, reconoció que el gobierno «responde con ironía» a las condenas y denuncias internacionales y que «tampoco parece importarle mucho» que se le caracterice como una «dictadura», pero que a pesar de todo ello «no hay que cansarse ni dejar de decir lo que está pasando».
«Esta situación no debe normalizarse ni hay que desistir de reclamar justicia o apoyar a los que dentro del país, como las organizaciones de la sociedad civil, los defensores de derechos humanos y las propias víctimas y familiares de las víctimas que enfrentan amenazas y riesgos», pidió la presidenta de la Misión, Marta Valiñas, en declaraciones a EFE.
La Misión considera que el principal objetivo que se debe buscar y el suyo propio es que se haga justicia, que los responsables rindan cuentas por lo que han hecho y que se repare a las víctimas por los daños sufridos.
«De forma más inmediata las detenciones masivas y arbitrarias, y los actos de tortura deben cesar», exhortó Valiñas.
El jurista Francisco Cox, también miembro de la Misión, enfatizó la importancia de que se haga justicia en Venezuela y señaló que la Corte Penal Internacional «podría activarse en esta situación», así como los países que aplican la jurisdicción universal.
Sobre el riesgo de que esta nueva ola de presión cause una nueva avalancha migratoria desde Venezuela a otros países de la región, Cox indicó que por el momento no hay señales que apunten a ello, pero que eso dependerá de si continúa el actual nivel de represión política y de la crisis humanitaria que ésta ha desatado.
«Todos estos factores juntos pueden contribuir a que la gente huya del país», advirtió Valiñas, quien comentó que en conversaciones recientes con activistas que se encuentran en Venezuela, éstos han mencionado la posibilidad de abandonar el país si la persecución continúa o empeora.
Unos 158 niños, algunos discapacitados, fueron detenidos
La Misión de Determinación de los Hechos de la ONU para Venezuela reveló este martes que pudo confirmar que en los primeros días de las protestas en Venezuela por el resultado oficial de las elecciones presidenciales al menos 158 niños fueron detenidos y que algunos de éstos sufrían discapacidad y fueron acusados de delitos graves, como terrorismo o incitación al odio.
Este grupo es parte de más de 2.200 personas que el propio gobierno indicó que habían sido detenidas en el marco de las manifestaciones.
«Este fenómeno es algo nuevo y extremadamente preocupante», sostuvo la presidenta de la Misión, Marta Valiñas.
Crimen de lesa humanidad de persecución
El Gobierno venezolano está cometiendo crímen de lesa humanidad de percusión por motivos políticos, dijo la misión creada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU para documentar las violaciones de derechos que ocurren en el país.
Según la misión, presidida por la jurista portuguesa Marta Valiñas, el aparato de gobierno se centra ahora en aplastar a la totalidad de la oposición pacífica a través de una serie de acciones que no son «aisladas o aleatorias, sino parte de un plan continuo y coordinado para silenciar, desanimar y reprimir» a quienes pueden expresar algún pensamiento no acorde con la retórica oficial.
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