El director de Fundaredes fue detenido el jueves 2 de julio de 2021, tras denunciar presuntos vínculos de Ramón Rodríguez Chacín, exministro de Interior y exgobernador de Guáricos, con grupos irregulares colombianos. Lo acusan de Traición a la Patria, Terrorismo y Promoción e Instigación al Odio. Su familia teme que, ante la falta de atención médica adecuada y el maltrato en el Helicoide el Estado le provoque la muerte.
José Javier Tarazona, presidente de Fundaredes -ONG defensora de los derechos humanos en la frontera colombo-venezolana- , suma 38 meses detenido en El Helicoide, centro de reclusión de centenares de presos políticos en Venezuela. Su estado de salud, con más de 10 patologías, es la principal preocupación de su familia y allegados.
La detención del combativo profesor de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (UPEL) y magíster en Orientación, se produjo el jueves 2 de julio de 2021, en Coro, capital del estado Falcón, donde el tachirense acudió a denunciar la persecución y hostigamiento por parte de un grupo de supuestos sabuesos del Sebin.
Un día antes, Fundaredes había solicitado formalmente ante el Ministerio Público investigar al exministro del Interior y exgobernador de Guárico, Ramón Rodríguez Chacín y a su esposa, Carola de Rodríguez, por su supuesto vínculo con la guerrilla colombiana del ELN.
“Le estamos pidiendo al Ministerio Público que se investigue la relación de, por ejemplo, Rodríguez Chacín, de Carola de Chacín, con estos cabecillas del comando central (COCE) del ELN, la participación de ellos en casas de resguardo, por ejemplo, en (el estado) Barinas, la quinta el Vendaval, el hato el Guayabal”, le argumentó entonces a un grupo de periodistas en las afueras de la sede de la Fiscalía en Caracas.
Semanas antes, José Javier y su ONG denunciaron también ante el mismo ente la existencia de “casas seguras” para la operatividad de los “cabecillas” del ELN (Ejército de Liberación Nacional) y los disidentes de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia), quienes contarían, según las denuncias, con “protección” de funcionarios de seguridad del Estado.
Algunas de estas casas, de acuerdo con la ONG, pertenecerían a Rodríguez Chacín. “Hoy le estamos pidiendo al Ministerio Público que se le informe a la opinión pública nacional e internacional cuál es la relación que existe entre la agropecuaria Don Pío -otra presunta ‘casa segura’-, que es un registro mercantil venezolano perteneciente a Rodríguez Chacín”, expresó.
Tarazona también había denunciado “la participación” del alcalde del municipio Páez del estado Apure, José María Romero, en una operación de “La Segunda Marquetalia”, uno de los grupos disidentes de las FARC, y del ELN en Venezuela. El director de la ONG exigía al Ministerio Público investigar por qué la “Alcaldía” de este municipio “es utilizada como epicentro de operaciones con cabecillas del ELN y de las FARC”.
Pero esas denuncias no eran extraordinarias. Fundaredes se distinguió por más de 22 años de ser una ONG que activamente denunció la presencia de la insurgencia colombiana en Venezuela con el apoyo de Nicolás Maduro.
¿Caso para la Corte penal?
En más de tres años de prisión, el juicio de Tarazona ha sido suspendido hasta cuatro veces. Y su presunción de inocencia socavada.
En una de sus primeras visitas a tribunales, el activista denunció que sus primeros meses en las mazmorras de El Helicoide fue víctima de torturas. La declaración fue confirmada por un periodista de la agencia de noticias AFP que asistió a la audiencia.
Me pegaban golpes, patadas. No podíamos ver el sol. No teníamos agua potable. Nos hacían orinar y defecar en los recipientes donde comíamos”, relató durante su comparecencia en el juicio, y dijo ser víctima de “torturas y tratos inhumanos”.
El tachirense es juzgado por acusaciones de “terrorismo”, “instigación al odio” y “traición a la patria”.
En la referida audiencia se declaró “inocente”. Remarcó que está detenido porque lo “quieren silenciar” por sus denuncias contra grupos armados, paramilitares, guerrilleros e integrantes de las FARC, el ELN y narcotraficantes (…) operando en suelo venezolano. “Esto es lo que venimos denunciando desde hace 23 años de activismo”, sostuvo.
La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), adscrita a la Organización de Estados Americanos, había otorgado medidas cautelares a su favor de su familia casi un año antes de su aprehensión mediante al considerar que se encontraban en una situación de urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos debido a que recibía amenazas e intimidaciones.
La Comisión decidió emitir la Resolución de Modificación y Seguimiento, considerando la situación de Tarazona, privado de libertad en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), Helicoide, donde se advierten de forma permanente posibles hechos de tortura, graves condiciones de detención y falta de tratamiento médico requerido.
Su salud: la mayor preocupación
En redes sociales, José Rafael Tarazona, manifiesta que la mayor preocupación que tienen él y su familia, tiene que ver con el estado de salud de su hermano.
Su última visita al médico fue antes de prisión y ya el médico le había advertido que su estado era muy delicado. Su salud ya no es misma. Ha tenido múltiples complicaciones. Nuestra preocupación es que muera en custodia del Estado venezolano”.
FundaRedes viene alertando que la salud de su director ha empeorado desde su detención en 2021 y actualmente presenta 10 patologías.
La directora encargada de la ONG, Clara Ramírez, aseguró que antes de ser llevado al Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), el activista padecía de enfermedad cardiovascular y respiratoria, pero su situación ha empeorado.
En entrevista con la organización Aula Abierta, Ramírez expresó que Tarazona toma 19 medicamentos al día y presenta hipertensión arterial, arritmia cardíaca, síndrome cardiometabólico, asma, taquicardia, insuficiencia venosa en grado dos, soriasis, fisuras rectales, y neumonía atípica.
Su estado colinda con las obstrucciones en materia judicial de su caso. La audiencia preliminar de José Javier fue suspendida en 13 ocasiones.
Desde 2021 hemos alertado sobre las torturas y tratos crueles que ha sufrido Javier en prisión. En 2022 tuvimos derecho de palabra ante el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas para decir que Javier ha sido víctima de tortura, tratos crueles y degradantes y el Estado venezolano no ha iniciado investigaciones al respecto”, enfatizó Clara Ramírez.
“Detenido arbitrariamente y acusado sin pruebas, nuestro director general Javier Tarazona cumple 38 meses privado de su libertad”, señaló este martes la ONG en sus redes sociales. “Hemos denunciado en distintas instancias que el Estado viola flagrantemente los derechos humanos de Javier Tarazona al someterlo a un proceso judicial plagado de irregularidades y abusos”.
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