El arresto de Milcíades Ávila, jefe de Seguridad de su equipo, es la más reciente aprehensión ordenada desde Miraflores. Lo acusan de “violencia de género” contra un grupo de funcionarias revolucionarias que insultaban a Machado y Edmundo González en La Encrucijada. “Hay decenas de testigos y videos que demuestran que fue una provocación planificada para dejarnos sin protección a 11 días del 28 de julio”, escribió la líder unitaria en X. Analistas aseguran que es la manera que tiene el Estado de “marcar poder” y mostrar de lo que son capaces
La dirigencia política opositora unitaria de Venezuela encendió las alarmas. A 11 días para las elecciones presidenciales, el gobierno de Nicolás Maduro parece apretar más y más el cerco del entorno de María Corina Machado, líder de la causa del cambio político en Venezuela y principal impulsora de la candidatura presidencial de Edmundo González Urrutia.
Machado no durmió la madrugada de este miércoles y a primera hora denunció en sus redes sociales que Milciades Ávila, jefe de seguridad de su equipo, fue arrestado por presunta “violencia de género” contra un grupo de mujeres que, según la presidenta de Vente Venezuela, intentaron agredirla a ella y a González Urrutia en el restaurante La Encrucijada, estado Aragua.
“Esta madrugada (Milciades Ávila) fue secuestrado por el régimen, acusado de violencia de género contra unas mujeres que el pasado sábado intentaron agredirnos a Edmundo y a mí en (el restaurante) La Encrucijada. Hay decenas de testigos y videos que demuestran que ese acto fue una provocación planificada para dejarnos sin protección a 11 días del 28 de julio“, escribió.
La líder opositora hizo responsable a Maduro, de la “integridad física” de Ávila y de “las otras 24 personas” de su equipo que fueron “secuestrados y hoy presos por la tiranía”. En lo que va de 2024 suman 124 detenciones por razones políticas, según el reporte de la ONG Foro Penal. Es decir, cada 38 horas, en Venezuela, las fuerzas del Estado detienen a un dirigente por pensar distinto al gobierno.
Lo inaudito, en el caso de Ávila, es que el Consejo Legislativo del Estado Aragua, presidido por el Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), condecoró por su comportamiento violento a Texalia Vaquero, diputada al Consejo Legislativo y secretaria de Somos Vzla en Mariño, así como a las concejales de Mariño Claribel Lugo y Nardy Martínez.
¿Qué está pasando?
La politóloga María Alexandra Semprún considera que los constantes arrestos son una forma que tiene el Estado de “marcar poder”, y dar muestras de lo que son capaces de hacer a cualquiera que se atreva a oponer sus intereses. “Quieren asustar a activistas de nivel bajo no dirigencial para que se guarden en sus casas”, indicó la analista.
De igual forma, descartó la posibilidad de que se trate de una estrategia para armar un expediente contra María Corina Machado que justifique su eventual detención, debido a que “lo tienen montado hace años”.
“Lo que llama la atención es que los detenidos no son figuras emblemáticas. Es como si quisieran decirle a la gente de a pie que estén bajo vigilancia”, señaló Semprún.
Sobre el caso de las funcionarias que insultaron y se mostraron violentas con Machado y González en La Encrucijada, la profesora de Ciencias Políticas, asegura que en las etapas finales de las campañas suelen dispararse las tensiones: “La gente está más alterada, pasan muchas cosas y en la conducta de quienes dirigen las instituciones y organismos también incurren en comportamientos inadecuados. Son situaciones que no solo se ven en Venezuela sino en todas partes en la hora de las elecciones y más en unas elecciones que son tan conflictivas como esta”, detalla.
Balance preocupante
La arremetida de violencia comenzó el 23 de enero, cuando el mismo día cayeron presos tres coordinadores regionales del comando ConVzla, siendo los casos de Juan Freites, Luis Camacaro y Guillermo López, luego fue el turno para miembros del equipo cercano de Machado, como Henry Alviárez y Dignora Hernández, activistas como Rocío San Miguel y Carlos Julio Rojas, y recientemente, el objetivo parecen ser los civiles que asisten en sus concentraciones a los líderes opositores.
Desde el inicio de la campaña electoral, el 4 de julio, el número de capturas se disparó hasta la estratósfera con 77 detenciones en apenas 13 días, siendo un promedio de casi seis arrestos diarios, y de los cuales solo 69 fueron liberados.
Llamar a votar el 28 de julio parece ser el peor de los delitos en Venezuela, y acompañar al candidato Edmundo González también, y es que choferes e ingenieros de sonido de sus actos están detenidos, y los restaurantes que visita son clausurados por el Seniat. En general, cualquier persona que preste el mínimo apoyo al opositor pone en peligro su integridad ante las represalias de los cuerpos de seguridad del Estado.
Una advertencia para el resto
El politólogo Yoel Lugo cree que Maduro es capaz de hacer lo que sea para mantenerse en la presidencia. Para el analista, lo que pretenden generar con las numerosas detenciones es “crear caos interno en las filas de la oposición y que esta a su vez se radicalice”, y esto a su vez provoque que los líderes se harten y llamen a la abstención.
“El madurismo e intenta repetir lo que sucedió en el año 2018, sin embargo por las últimas encuestas la intención de voto en estas elecciones es cada vez más alta, y a mayor participación, menos oportunidades tiene el chavismo de ganar está elección”, considera Lugo.
Una de las consecuencias que cree podría “salirles el tiro por la culata”, alimentando la indignación de la población y aumente los votos a la oposición. “Se inventarán cualquier cosa injusta e incluso inconstitucional”, acotó.
Sin derecho a defensa privada
Uno de los múltiples casos de dirigentes arrestados es el de Jeancarlos Rivas, activista de Voluntad Popular de 19 años, quien el pasado 14 de julio cumplió un mes detenido tras una concentración de Edmundo González en La Guaira.
El joven, junto al dirigente Juan Iriarte y los periodistas Gabriel González y Luis López fueron el blanco para los efectivos de seguridad, y hoy yacen en el abismo de represión y tortura que es El Helicoide.
Su abogado, Eduardo Torres, conversó vía telefónica por Versión Final y confirmó que el Defensor Público que le fue asignado le notificó a su mamá que está comiendo las tres comidas del día.
“Extraoficialmente nos habían dicho que lo habían dejado privado de libertad por delitos de odio y el delito de asociación para delinquir, prevista en la Ley de Terrorismo”, dijo el abogado.
El caso sirve para ejemplificar el accionar de la justicia venezolana contra los políticos allegados al bando opositor. Tras más de 30 días preso, a su familia no se le permitió designar sus propios abogados, violando el artículo 49, numeral 1 de la Constitución, que establece el derecho a la defensa jurídica.
Torres explicó que el Tribunal 2° de Control no aceptó la designación de los abogados que presentó su madre, y ordenaron que debía ser firmada por el propio Jeancarlos, pero en El Helicoide no permitieron el paso del documento, haciendo imposible el proceso.
“¿Cómo le firma una designación si ni siquiera puede verlo? Y en dado caso a los abogados tampoco nos permiten verlo”, afirmó.
El abogado apuntó a una persona como responsable de esta situación, la exvicefiscal de la República, Katherine Haringhton.
El 22 de marzo de 2023, el Tribunal Supremo de Justicia nombró a Haringhton como presidenta del Circuito Judicial Penal de Caracas. “Desde que llegó la doctora Katherine Harrington eliminó la defensa privada en los tribunales penales”, alertó.
Las familias pasan 40 días en promedio antes de ver a los capturados
El jurista también reveló una escandalosa realidad que padecen todas las familias de estos dirigentes, y es que en promedio pasan 40 días para que los reclusos tenga el derecho a las visitas, violando el artículo 44 de la Constitución.
“Toda persona detenida tiene derecho a comunicarse de inmediato con sus familiares, abogado o abogada o persona de su confianza, y éstos o éstas, a su vez, tienen el derecho a ser informados o informadas sobre el lugar donde se encuentra la persona detenida”, reza la Carta Magna.
Sin embargo, ninguna de estas dos condiciones se cumple en el país. “La vulneración es grave, pero incluso después de los 40 días, los familiares que empiezan a visitar a sus detenidos no le permiten en el Sebin ni en el Dgcim que entren con el documento de la designación de abogados”, advirtió Torres.
Presos por llamar a votar
Para el abogado de Rivas, la persecución política que se vive en Venezuela es “un crimen de lesa humanidad”, y aseguró que la única razón por la que se procede con el arresto de estos dirigentes es por alentar la participación electoral. “Es un ataque sistemático y continuo contra la población civil, y los perpetradores tienen plenamente consciente lo que están haciendo”, aseveró.
Con los 77 arrestos desde el inicio de la campaña electoral rumbo al 28 de julio, la estrategia del Estado venezolano es clara, según declaró el vicepresidente de Foro Penal, Gonzalo Himiob. “Se está ejecutando desde el poder contra la ciudadanía un esquema sistemático y generalizado de restricción de sus derechos, particularmente del derecho a la libertad“, afirmó.
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