Venezuela está en la agenda de la CPI, debido a los sucesos violentos del 2017 por crímenes de lesa humanidad
Este 17 de julio, la Corte Penal Internacional (CPI), conmemora el Día Mundial de la Justicia Internacional, efemérides que surgió en el año 1998, cuando se creó el Estatuto de Roma.
El Estatuto de Roma es el tratado internacional que estableció la CPI como marco legal que define la estructura, jurisdicción y funciones del organismo con sede den la Haya, así como los crímenes que están bajo su competencia.
El estatuto fue adoptado el 17 de julio de 1998 y entró en vigor el 1 de julio de 2002.
En este momento, entre varios de sus casos, la CPI tiene una investigación acerca de Venezuela, la cual ha ido avanzando en varias instancias, hasta lograr la instalación de una oficina de la Corte, en Caracas, a instancias del actual fiscal, Karim Khan.
El caso Venezuela
En febrero de 2018, la Fiscalía de la CPI, bajo la dirección de Fatou Bensouda, anunció que estaba realizando un examen preliminar sobre la situación en Venezuela. Este examen preliminar tenía como objetivo evaluar si se habían cometido crímenes de competencia de la CPI desde abril de 2017 en adelante.
El examen preliminar y sus resultados
El examen preliminar se centró en las acciones de las fuerzas de seguridad del Estado y grupos progubernamentales en el contexto de las manifestaciones y la represión política de ese año.
En diciembre de 2020, la Fiscalía de la CPI anunció que había encontrado fundamentos razonables para creer que se habían cometido crímenes de lesa humanidad en Venezuela.
En noviembre de 2021, un nuevo fiscal, Karim Khan, anunció que el caso sobre Venezuela sigue abierto.
Este paso marcó un avance significativo en el proceso, en el cual las partes: el Estado venezolano y las víctimas, han sido escuchadas.
El gobierno del presidente, Nicolás Maduro, ha rechazado las acusaciones y ha afirmado que las denuncias de violaciones de derechos humanos son parte de una campaña de desestabilización promovida por actores internacionales y por la oposición.
Sin embargo, el gobierno ha expresado su disposición a cooperar con la CPI en ciertos aspectos.
Mientras, la oposición y organizaciones de derechos humanos han apoyado la intervención de la CPI, considerando que la justicia internacional es una vía crucial para abordar la impunidad en el país y asegurar que los responsables de violaciones de derechos humanos sean llevados ante la justicia.
Implicaciones
La intervención de la CPI es vista como un paso importante para la justicia y la rendición de cuentas en Venezuela.
Si se encuentran pruebas suficientes, individuos responsables de crímenes de lesa humanidad, podrían ser procesados y condenados, lo que enviaría un mensaje claro sobre la intolerancia hacia tales crímenes.
La investigación de la CPI también podría tener un impacto en la promoción de reformas en Venezuela.
La presión internacional y la posibilidad de enjuiciamiento pueden impulsar cambios en las políticas y prácticas gubernamentales en relación con los derechos humanos.
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