William Cárdenas Rubio, destacado abogado, diplomático hispano-venezolano y presidente del Comité Internacional contra la impunidad se refirió desde La Haya, donde forma parte del equipo jurídico que impulsa denuncias contra el Gobierno de Venezuela por crímenes de Lesa Humanidad, al avance de las investigaciones de la Corte Penal Internacional y al impacto provocado por la visita de Karim Khan a Caracas
¡Demoledor! De acuerdo con William Cárdenas Rubio, abogado y diplomático hispano venezolano, el efecto de la reciente visita a Caracas por parte de Karim Khan, fiscal general de la Corte Penal Internacional (CPI), resultó fundamental para que el gobierno de Nicolás Maduro no torpedeara la candidatura unitaria opositora de Edmundo González Urrutia para las presidenciales del 28 de julio.
“La visita del Fiscal (Karin Khan) se produjo en un momento álgido en el que el régimen pretendió continuar su deriva totalitaria impidiendo la presentación de un candidato opositor válido para la celebración de elecciones del 28 de julio próximo. No obstante, la presencia del Fiscal Khan ha tenido un efecto demoledor en las decisiones gubernamentales, que cambiaron el bloqueo manifiesto y permitieron la inscripción de la candidatura del Embajador Edmundo González Urrutia, como representante de la alternativa democrática opositora”, aseguró el abogado.
En su cuarta visita, Khan llegó a Venezuela el lunes 22 de abril para finalmente instalar una oficina de la fiscalía de la CPI en el país con la intención para echar a andar un plan de cooperación técnica en materia de justicia acordado esta semana. “Mi trabajo no es ser popular y estoy seguro que no lo voy a ser. Mi trabajo es aplicar la ley”, expresó en su visita al Parlamento.
Lo hizo luego que, en marzo, dos meses después de expulsar con furia al equipo del Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, un Nicolás Maduro desbordado por su crisis interna y falta de popularidad, aceptara su retorno al país. Fueron trece los funcionarios de la ONU, instalados en Venezuela desde 2019 por mandato de la entonces Alta Comisionada Michelle Bachelet, expulsados del país.
Presión por la investigación
“Su propuesta de la vuelta a Venezuela de los representantes de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU); y la especial e importante petición de la adaptación de los tipos y las penas establecidas en el Estatuto de Roma a la legislación penal venezolana, fueron aceptados por Nicolás Maduro y los altos cargos de la cadena de mando del régimen, ante la ineludible presión de la investigación de dichos crímenes y el castigo de sus responsables”, expresó Cárdenas Rubio.
Las diferencias entre Maduro y el Alto Comisionado surgieron en medio de la detención de la activista y abogada Rocío San Miguel, que estuvo en paradero desconocido e incomunicada durante varias horas antes de que fuera presentada a tribunales e imputada por delitos de conspiración y terrorismo a la patria sin que todavía se hayan presentado pruebas. Los funcionarios de la ONU elevaron las alarmas sobre lo ocurrido y expresaron su preocupación por las posibles violaciones de derechos humanos que se estaban cometiendo en este caso.
Cárdenas Rubio asegura que el juicio sobre las más de 8.000 víctimas del Gobierno de Venezuela que rindieron declaración ante la Oficina de Defensa de las Victimas y las observaciones del panel de expertos independientes de la Organización de Estados Americanos durante la audiencia celebrada en noviembre recibirá la anhelada justicia.
“Durante la reciente visita a la ciudad de Caracas del Fiscal Sr. Karim Khan, quedó en evidencia que ya se ha puesto en marcha la jurisdicción complementaria de la CPI respecto a dichos crímenes y los hechos que rodearon la puesta en marcha de una política de Estado de ataques sistemáticos y generalizados contra una parte de la población”, concluyó.
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