La directora de la ONG Control Ciudadano no ha tenido derecho a una defensa privada. Su abogado, quien no ha podido entrar a tribunales con ella, asegura que “todo está dirigido a que no pueda defenderse” ante las acusaciones del Gobierno venezolano
La defensora de derechos humanos Rocío San Miguel cumple este 30 marzo 50 días detenida en El Helicoide sin recibir una defensa privada. Joel García, su abogado, aseguró que “todo está dirigido a que no pueda defenderse”.
“El juez Carlos Liendo, segundo con competencia en delitos vinculados con el terrorismo no lo ha permitido, a pesar de ser un juez que debe garantizar el respeto a los derechos fundamentales como lo es la defensa y el debido proceso”, declaró García en una entrevista para Efecto Cocuyo.
Denunció que desde el día uno de su detención arbitraria la defensa ha interpuesto acciones de amparo, pero la Corte de Apelaciones los ha declarado inadmisibles.
Desde el 9 de febrero al 12 de febrero, Rocío estuvo en condición de desaparecida en conjunto con su hija, hermanos y expareja. A mediados del pasado mes fue su primera audiencia y la primera vez que el país sabía de su paradero tras los señalamientos del Fiscal General de la República.
A la activista se le dictó una medida privativa de libertad por la presunta comisión de los delitos de traición a la patria, conspiración, terrorismo y asociación. De esta primera presentación en adelante, su abogado no ha obtenido el permiso para representarla.
Miranda Díaz San Miguel, hija de la directora de la ONG Control Ciudadano, ha podido visitar a su madre una vez por semana en la sede del Sebin en Caracas. Hasta el momento, Rocío goza de buena salud.
Sin embargo, el Gobierno venezolano insiste en acusar a la defensora de derechos humanos como miembro de una presunta conspiración para atentar contra el Presidente de la República, afectando incluso a su expareja, Alejandro González de Canales.
González, quien es gerente de Chevron en Venezuela, fue aprehendido y enviado al Rodeo I, en el estado Miranda, donde permanece en una situación similar a la de Rocío: un preso político al que no le han permitido designar a su defensa privada y no ha sido llevado a tribunales.
El militar retirado fue llevado hasta la cárcel el pasado 19 de febrero, cuando se trasladaron a otros 30 reos más, entre ellos al teniente coronel Igbert Marín Chaparro.
Según datos obtenidos por la agencia estadounidense AP, González fue detenido el pasado 9 de febrero por agentes de contrainteligencia que allanaron su casa cerca de Barcelona, Venezuela, cerca de las 10 de la noche.
El expiloto venezolano es acusado de “revelar secretos de seguridad nacional y obstrucción de la justicia”.
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