La resolución de siete páginas firmada por el magistrado Vicente Fernández Tapia detalla que la demanda de habeas corpus no ha sido estimada. El organismo recordó en X que el 7 de abril de 2022 «estableció las razones por las que el Estado debe abstenerse de otorgar un indulto ‘por razones humanitarias
Un juzgado de la región peruana Ica declaró este viernes improcedente una resolución del Tribunal Constitucional (TC) que restablecía el indulto al expresidente Alberto Fujimori, con lo que el exmandatario continuará en prisión.
El Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Ica declara improcedente la ejecución de la sentencia N° 78-2022, de fecha 17 de marzo del 2022, concretamente la libertad de Alberto Fujimori, por parte de su despacho por no haber sido estimada la demanda de habeas corpus», reza un mensaje del Poder Judicial publicado en la red social X (antes Twitter).
El presidente del TC, Francisco Morales, afirmó este miércoles que las autoridades debían «proceder a la excarcelación inmediata» de Fujimori, a pesar de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) ordenó lo contrario el año pasado.
«Se debe proceder a cumplir la anterior sentencia», declaró Morales al Canal N de televisión, al aclarar un auto del TC que declaró improcedente una consulta del Ministerio de Justicia sobre el indulto otorgado a Fujimori en 2017 por el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski y que había suscitado distintas interpretaciones.
Pero la resolución de siete páginas firmada por el magistrado Vicente Fernández Tapia detalla que la demanda de habeas corpus no ha sido estimada ante el citado tribunal al carecer de competencia conforme al último párrafo del artículo 27 del Nuevo Código Procesal, reseñó El Tiempo.
En su decisión, el juzgado de Ica también dispuso «que se devuelva todo lo actuado al Tribunal Constitucional para que proceda conforme a ley en cuanto a la ejecución de la sentencia estimatoria, emitida en este proceso de habeas corpus».
El indulto, otorgado el 24 de diciembre 2017, ya había sido anulado por el Poder Judicial en 2018, luego que la CorteIDH pidió al Estado peruano garantizar la administración de justicia para las víctimas de las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, los casos por los que Fujimori fue condenado a 25 años de prisión.
También el pasado miércoles, el abogado Carlos Rivera, defensor de los deudos de las víctimas de las masacres por las que fue condenado Fujimori, adelantó a Efe que tenía previsto acudir a la CorteIDH si se ordenaba la liberación del exmandatario.
Vamos a ver si el día de hoy hay algún tipo de decisión en el juzgado de investigación preparatoria de Ica. Obviamente el camino que automáticamente tomaremos es solicitar a la Corte Interamericana un nuevo proceso de supervisión de cumplimiento», remarcó.
Horas antes de la decisión del juez de Ica, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su preocupación ante la posibilidad de que la resolución del TC llevara a la excarcelación de Fujimori.
El organismo recordó en X (antes Twitter) que el 7 de abril de 2022 «estableció las razones por las que el Estado debe abstenerse de otorgar un indulto ‘por razones humanitarias‘ en cumplimiento de los estándares interamericanos establecidos en las resoluciones de supervisión de los casos Barrios Altos y La Cantuta».
