La decisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela de suspender “todos los efectos” de la primaria presidencial opositora que ganó la candidata María Corina Machado, podría convertirse en un riesgo para la flexibilización de sanciones por parte de EEUU, tras el acuerdo firmado entre el gobierno del presidente Nicolás Maduro y la Plataforma Unitaria de la oposición, en Barbados, coinciden los analistas.
Tras la sentencia del TSJ divulgada el lunes, un portavoz del Departamento de Estado de EEUU instó al gobierno venezolano a “cumplir” los compromisos asumidos en cuanto a la implementación de una hoja de ruta electoral que derive en elecciones competitivas en 2024, de lo contrario, reiteró que tomará “medidas”.
Senadores estadounidenses republicanos y demócratas condenaron la sentencia del TSJ y exigieron “acciones concretas” de la administración del presidente Joe Biden.
El senador republicano Marco Rubio dijo no tener dudas de que el gobierno de Maduro no tiene intención de mantener el acuerdo firmado en Barbados y aseguró que EEUU “debe revertir todo alivio de sanciones”. En la misma línea se pronunció el senador demócrata, Bob Menéndez.
Tras la firma de un acuerdo sobre garantías electorales hace casi dos semanas en Barbados, el gobierno estadounidense anunció la flexibilización temporal de algunas sanciones en la industria petrolera, pero advirtió que las medidas serían revertidas si, antes de finalizar noviembre, no se evidencian pasos concretos orientados al levantamiento de inhabilitaciones y la liberación de presos políticos.
Para John Magdaleno, politólogo y director de la consultora Polity, la sentencia del TSJ “pone en tela de juicio” una eventual extensión de la flexibilización de sanciones.
“Si se verifican incumplimientos del acuerdo parcial y la contrapartida fue una flexibilización de las sanciones económicas internacionales impuestas por el gobierno norteamericano, obviamente el gobierno venezolano está jugando con fuego”, dijo el lunes.
La situación será evaluada en una reunión de la comisión de verificación de los acuerdos, planteada la semana pasada por Jorge Rodríguez, jefe de la delegación negociadora del gobierno, al denunciar que la oposición cometió un “fraude” en la elección en la que Machado ganó con más del 92 % de los votos.
Stalin González, miembro de la delegación negociadora de la oposición prefiere no sacar conclusiones adelantadas, pero alerta que “todos los días”, hasta el próximo año, habrá que hacer frente a “obstáculos”.
Geoff Ramsey, miembro senior del Centro Adrienne Arsht para América Latina del Atlantic Coincil, considera que el TSJ dio un “golpe” a la primera claúsula del acuerdo al Acuerdo Parcial sobre Derechos Políticos y Garantías Electorales para Todos firmado en Barbados, que establece que las partes “reconocen y respetan el derecho de cada actor político de seleccionar su candidato para las elecciones presidenciales de manera libre y conforme a los mecanismos internos”.
Luis Vicente León, economista y presidente de la encuestadora Datanalisis, no descarta que EEUU pueda rediseñar sus estrategias para presionar al gobierno de Maduro, no cree que “regresen completo” las flexibilizaciones de las sanciones petroleras, pero sí ve en la sentencia «gasolina a la presión» para retroceder en los acuerdos políticos alcanzados con EEUU.
León considera que el dilema actual no es “habilitación o licencias” sino “licencias o elecciones”.
“El gobierno venezolano puede poner como condición el mantenimiento de licencias petroleras para generar recursos que garanticen la estabilidad de infraestructura para conducir la elección presidencial. Si mueves demasiado el proceso de licencias, puedes conducirte hacia un proceso de nicaragüización del proceso político venezolano”, afirmó.
800noticias
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